Cifras preocupantes en medio de reacciones paquidérmicas

La economía no suele desplomarse de un día para otro, pero las señales ignoradas, adrede o por desconocimiento, terminan por golpear el empleo, el consumo, la inversión y la confianza de los hogares.

Colombia tiene motivos para abonar un terreno peligroso surgido por la ignorancia y la inexperiencia de un Gobierno que se ha dedicado más al impacto mediático que a apersonarse de los aspectos de real importancia, relevancia y prioridad en el país.

Es alarmante el repunte del desempleo, la inflación y la pérdida de impulso comercial, caída de exportaciones, entre otros aspectos, que nos pintan un cuadro que exige respuestas convincentes, no excusas que diluyan y evadan responsabilidades.

En agosto, la desocupación subió ocho décimas y alcanzó el 9,4 por ciento. El deterioro urbano incidió en el resultado, mientras el terremoto que afectó a Chocó, Valle y el Eje Cafetero agravó las dificultades.

La emergencia explica parte del daño, pero no borra los problemas de fondo. Cuando negocios y fábricas reducen operaciones o cierran, miles de ingresos quedan en riesgo y la recuperación se enmaraña.

Las señales de desaceleración van más allá del mercado laboral. El Fondo Monetario Internacional, FMI, proyectó un crecimiento de 2,2 por ciento para 2026, por debajo del 2,9 por ciento registrado al cierre del primer semestre. A ello se suma una inflación anual de 6,29 por ciento en septiembre, presión que restringe el presupuesto familiar y complica las decisiones de consumo.

El comercio minorista confirma la inquietud. En julio tuvo su menor avance desde mediados de 2024. De las 19 actividades examinadas, ocho perdieron dinamismo y cinco retrocedieron.

Menos ventas reducen los incentivos para contratar, frenan la inversión y estrechan el margen de maniobra de los negocios. La vivienda nueva tampoco ofrece alivio y los daños del sismo han prolongado las dificultades de sectores productivos y de servicios.

Ante este panorama, con las cifras preocupantes reveladas y en medio de reacciones paquidérmicas, la institucionalidad debe dejar de escudarse en comunicados, diagnósticos tardíos y disputas por la herencia recibida del Gobierno anterior.

La administración actual debe revisar cifras, identificar los sectores expuestos y explicar qué hará, con qué recursos y en qué plazos. Atribuir los problemas a decisiones anteriores no reabre comercios ni devuelve empleos. Tampoco basta con invocar el desastre natural sin medidas verificables para apoyar a las comunidades afectadas.

Una reacción contundente requiere coordinación entre Gobierno nacional, autoridades territoriales, gremios y entidades financieras. Son prioritarios el crédito accesible para empresas, la recuperación de infraestructura dañada, la protección temporal del empleo y una política de vivienda capaz de atender los obstáculos que frenan la demanda.

La advertencia está sobre la mesa. Ignorarla encarece la salida y traslada la factura a quienes menos margen tienen para resistir. La economía no se fortalece con declaraciones de tranquilidad, sino con empleos sostenibles, empresas con producción y ventas a tope y hogares capaces de cubrir sus necesidades.