Conectante C1-C2 podría quedarse en el papel, contratista pidió liquidar el contrato

Toda una serie de inconvenientes terminarían desembocando en la terminación anticipada del contrato con el que pretende construirse la que por muchos años fue considerada la vía que descongestionaría el tráfico que desde el interior del país transita por la capital santandereana hacia la zona de frontera con el vecino país de Venezuela.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El concepto lo emitió recientemente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) donde sus directivas se han mantenido muy atentas a los movimientos sociales que se oponen a la construcción de la nueva vía, denominada Conectante C1 y C2, la cual estaba a cargo del consorcio Autovía Bucaramanga Pamplona, sin que la empresa contratista haya podido avanzar en el aspecto más fundamental de las obras como lo es el consentimiento social y el respectivo consentimiento de la Alcaldía de Floridablanca.

“Dentro de las obligaciones impuestas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para el desarrollo del proyecto Bucaramanga – Pamplona, la AutovíaBP debía obtener el consentimiento de la Alcaldía de para el uso de vías industriales con el fin de construir las Conectantes C1 y C2. Sin embargo, durante la ejecución del contrato, la Autovía Bucaramanga - Pamplona presentó una  demanda arbitral que declaró que la no obtención del consentimiento, lo que fue ajeno a las partes del contrato, y lo que a la postre afectó la construcción de la conectante C1 C2 y el financiamiento para mejoramiento, construcción y operación de la vía”, indicó la Agencia Nacional de Infraestructura en un concepto en el que se reconoce que a la fecha, de debido a las dificultades, se activó el panel de Amigables Componedores con el que el contratista fue eximido del cumplimiento de las obligaciones de construcción de la Conectante C1-C2, y se suspendió el plazo contractual.

Luego de estos trámites el consorcio Autovía Bucaramanga Pamplona presentó una segunda demanda pretendiendo la terminación anticipada del contrato por causas no imputables a las partes, esto, por la materialización de un eximente de responsabilidad que superó los 90 días y la suspensión del plazo de contrato.

“Por estas razones, y dado que se han configurado las causales de terminación anticipada del contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Autovía Bucaramanga Pamplona actualmente adelantan mesas de trabajo para elaborar documentos de acta de terminación y su posterior liquidación”, dice el concepto de la ANI.

Una obra imperativa

Desde la semana pasada la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) han realizado visitas de seguimiento y control ambiental al proyecto Construcción Conectante C1C2 Unidad Funcional 1 (UF1) Bucaramanga-Pamplona.

Bajo el esquema de App No. 002 del 21 de Julio de 2016, se contrató el financiamiento, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor de la vía Bucaramanga – Pamplona y la construcción de la conectante localizada entre el Pr 86+550 de la ruta 45 A-07 (San Gil – Bucaramanga) y el Pr 8+500 de la ruta 6603 (Bucaramanga – Cúcuta). Este tramo, incluye la construcción en la vía existente de un tercer carril  de adelantamiento, en aquellos sectores que indican los estudios de seguridad, en una longitud de 9.16 km, además de la ampliación de 25 curvas, obras dentor de las cuales se concluyó la Conectante C1-C2.

De acuerdo con los estudios técnicos, esta obra (la Concectante) serviría para desviar el tráfico pesado que viene del interior de Colombia con destino a Norte de Santander y Venezuela, así como el que ingresa por el norte de Bucaramanga, desde la Costa Atlántica, con destino a la frontera oriente del país (en este caso, los vehículos evitarían pasar por vías de zonas residenciales como la Avenida Quebrada Seca y la calle principal de Morrorrico y en su reemplazo pasarían por el Anillo Vial hasta llegar a la Conectante).

La UF1 tiene 14.6 km de longitud en los que se van a construir 22 puentes y mover más de dos millones de metros cúbicos de tierra, de acuerdo con la concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona. Las obras están todas en Floridablanca e inician en inmediaciones de la Universidad Pontifica Bolivariana (autopista a Piedecuesta) y culminarán justo al inicio de la segunda calzada de la vía Bucaramanga a Pamplona.

El impacto ambiental

Los trabajos de la C1C2 afectarán tramos de las veredas Casiano Bajo, Helechales, Vericute y Rosablanca (cerros orientales de Floridablanca), lo que implica la tala de un número indeterminado de árboles y el trazado de varios puntos de la vía muy cercanos a nacimientos de agua. La concesionaria asegura que la obra implicará la tala de 8.734 individuos arbóreos, mientras que los ambientalistas sostienen que esa cifra podría ascender a 17.000.

Otra crítica de los ambientalistas es que por dicho corredor habitan serpientes, mamíferos, reptiles, aves y especies migratorias, que ya están siendo desplazadas. Un ejemplo de esa situación, dicen ellos, es que en el sector de Bucarica ya empezaron a aparecer serpientes, algunas de ellas venenosas.

Al respecto, Juan Carlos González Rojas, director del proyecto Autovía Bucaramanga – Pamplona, asegura que la ANLA definió dos compensaciones: 237,85 hectáreas por pérdida de biodiversidad y 125 hectáreas por Evaluación Económica Ambiental.

“Adicionalmente, la Cdmb definió por levantamiento de veda regional una compensación de 152,47 hectáreas y la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por levantamiento de veda nacional un total de 16,6 hectáreas. Es importante precisar que, de acuerdo con lo anterior, se compensará en total 531,92 hectáreas de las aproximadamente 86 hectáreas afectadas”, aseguró.

Sobre el particular, la personera municipal María Margarita Serrano Arenas señala que “este es un proyecto que ha despertado mucho interés entre los florideños por sus implicaciones en aspectos tan sensibles como el ambiental. Por ello, estamos aquí, en los cerros orientales, al lado de la ANLA, ANI, concesionario, interventoría y de la comunidad, como garantes de los derechos fundamentales de las comunidades”.