Resumen
Congresistas del Pacto Histórico en Colombia presentaron una iniciativa para reformar las juntas de calificación de invalidez, buscando mayor transparencia, profesionalismo y eficiencia para beneficiar a trabajadores inválidos tras accidentes laborales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)En función de darle cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional, el representante Alirio Uribe Muñoz y otros congresistas de la bancada del Pacto Histórico, radicaron nuevamente la iniciativa que busca establecer la conformación e integración de las juntas regionales y nacional de la calificación de invalidez y pretende solventar un vacío jurídico que actualmente impide escoger los miembros de las juntas medicas de calificación de invalidez como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma.
A igual, se espera generar las condiciones para que estas instancias sean imparciales, transparentes, con profesionales altamente preparados en medicina, fisioterapia, terapia ocupacional y psicología, con capacidad efectiva para brindar las garantías suficientes e integrales a miles de trabajadores que han quedado inválidos luego de sufrir un accidente en el trabajo.
Actualmente y debido a la falta de la ley que determine el mecanismo de escogencia de las juntas, existen nombramientos vitalicios en esta función pública, puertas giratorias entre las ARL y las juntas y represamiento en la resolución de solicitudes de calificación, lo que trae consigo que los trabajadores enfermos y accidentados deban esperar años por su pensión o indemnizaciones como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral.
Este proyecto de ley también otorga facultades al Ministerio de Trabajo para ampliar el número de salas de decisión de las Juntas de Calificación de Invalidez, con el fin de garantizar un eficiente y oportuno reconocimiento de los derechos a la seguridad social especialmente para las regiones, y refleja el compromiso del Gobierno con la mejora continua del sistema de calificación de invalidez en Colombia, asegurando un proceso justo y transparente para todas las y los ciudadanos colombianos.