Resumen
El aumento del salario mínimo es visto como un alivio, pero sin políticas económicas que impulsen el crecimiento, podría aumentar la informalidad laboral y tener efectos negativos a largo plazo. Se necesitan medidas más integrales para combinar justicia social con sostenibilidad económica.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El reciente aumento del salario mínimo, decretado por el presidente, ha sido recibido con reacciones divididas. Para quienes ganan el mínimo, esta decisión representa un alivio tangible frente al aumento del costo de vida, aunque genera interrogantes sobre si realmente es una medida sostenible y acorde con la situación económica actual del país.
Es importante recordar que en 2021, cuando el expresidente Iván Duque aprobó un aumento similar, la economía crecía a más del 10%. En contraste, este año las proyecciones apenas alcanzan el 2%. El contexto importa, y no puede ignorarse que un país con bajo crecimiento económico tiene menos margen para sostener este tipo de ajustes sin generar efectos secundarios dañinos.
El problema principal, sin embargo, no está en los trabajadores que perciben el SMLV. El verdadero impacto se siente en aquellos cuyos ingresos son ligeramente superiores. En la mayoría de los casos, las empresas no están obligadas a ajustar esos salarios en línea con este aumento (ni siquiera con la inflación), lo que termina ampliando desigualdades internas en el mercado laboral. Así, lo que comienza como una medida de justicia para algunos puede generar un efecto inverso en otros.
Además, es evidente que este tipo de decisiones tienen un componente político. En un escenario de desaceleración económica y críticas constantes, es claro ver el aumento como una forma de contentar a una parte de la población. Como cuando un padre que no ha cumplido sus promesas decide llevar a sus hijos a comer empanadas para calmar los ánimos: “No he hecho nada de lo que les prometí, pero con esto espero que me aguanten un poco más”. Rica la empanada, pero feo el ají. Este tipo de soluciones nunca resuelven los problemas de fondo.
El impacto de estas decisiones se verá en unos años. Si no se acompaña de políticas económicas robustas para impulsar el crecimiento y proteger a los trabajadores en general, las “buenas intenciones” terminarán debilitando aún más la estructura económica del país. Es un hecho que veremos un crecimiento de la informalidad. Para los pequeños empresarios o emprendedores que ya luchan por mantenerse a flote, subir el SMLV sin un incremento proporcional en la productividad puede ser la gota que derrame el vaso. La opción más viable para ellos será recurrir a contratos por fuera de la ley, reducir el número de empleados o incluso cerrar sus negocios. Esto, en lugar de mejorar las condiciones laborales, dejaría a más personas sin acceso a seguridad social ni estabilidad.
Lo curioso es que este fenómeno ocurre justo en un contexto donde el gobierno prometió cambios profundos, desde reformas tributarias que buscarían mayor recaudo, hasta inversiones en salud, educación y desarrollo social. Pero la realidad pinta otra cosa: las metas fiscales no se cumplen, los planes de ejecución son lentos o inexistentes, y mientras tanto, se exige cada vez más de un sector productivo ahogándose de a poquito. Estamos llenando de promesas una alcancía rota y, por más que se deposite, no hay garantía de que el dinero llegue a donde debe ir.
El país necesita más que ajustes simbólicos. Hace falta una visión clara que combine justicia social con sostenibilidad económica. Incrementar el salario mínimo puede ser un paso positivo, pero sin una estrategia coherente que permita a la economía crecer a pasos firmes, seguimos parchando un barco que no avanza y que, tarde o temprano, se hundirá. Mientras tanto, nos toca aceptar la medida y esperar, con algo de resignación, las consecuencias. Feliz 2025.
