Resumen
La Defensoría del Pueblo del Cauca en Colombia ha puesto en alerta a 13 municipios debido al aumento de violencia y reclutamiento forzoso por grupos armados ilegales. Solicita acciones urgentes para proteger a las familias y prevenir mayores violaciones de derechos humanos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Defensoría del pueblo del cauca declara a 13 municipios en alto riesgo por presencia de grupos armados
En el departamento del Cauca, la población afronta una compleja situación de orden público, con informes que señalan una creciente confrontación entre organizaciones armadas ilegales y las fuerzas del Ejército Nacional. La Defensoría del Pueblo ha puesto el foco sobre 13 municipios que están en una alerta máxima, debido a actos violentos que incluyen reclutamientos forzosos y abusos contra los civiles.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha manifestado su preocupación a través de una misiva remitida al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En la carta, Camargo Assis solicita la convocatoria urgente de la 'Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas' (Ciprat) para abordar la peligrosa situación que enfrentan las familias en el norte del Cauca.
Las localidades de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica y Guachené son las más afectadas por la crisis. "Los riesgos, que venimos señalando en nuestras alertas tempranas durante los últimos tres años, se están materializando en violaciones de derechos", señaló Camargo.
Compartiendo datos alarmantes, la Defensoría destaca que solo en 2024 ya se han confirmado 23 casos de reclutamiento forzado en el Cauca, con al menos nueve de ellos en la región norte. En el año anterior, la cifra alcanzaba los 153 menores indígenas afectados o amenazados por el reclutamiento en la zona norte, de un total de 235 en todo el Cauca.
El Defensor del Pueblo también advierte sobre las probables consecuencias del fin del cese al fuego bilateral. "Esto podría acarrear un incremento en la instalación de minas antipersonal, homicidios y una mayor manipulación de la población civil para facilitar la evasión de los grupos armados a la presencia de la fuerza pública", afirmó Camargo Assis.
