Resumen
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En un primer caso, mediante fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por 12 años impuesta al exalcalde de Gámbita (Santander), William Herrera, por irregularidades presentadas en la contratación del municipio.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El exalcalde no contó con los estudios de necesidad y conveniencia y de justificación de la modalidad de contratación ni con los respectivos certificados presupuestales para la adquisición de bienes y servicios.
En consecuencia, contrajo obligaciones en representación del municipio sin el lleno de los requisitos legales. Para ello, expidió ocho resoluciones en las que se reconocía el pago de los servicios adquiridos, que previamente habían sido cancelados con su dinero.
La Procuraduría concluyó que “al adquirir servicios sin que existiera ningún compromiso contractual que respaldara estas obligaciones, los cuales canceló con dinero propio para que luego le fuese reintegrado”, el disciplinado desconoció los procedimientos presupuestales y contractuales.
La conducta reprochada al exalcalde de Gámbita (Santander), fue calificada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular como falta gravísima a título de dolo.
También en Guaca
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general de 10 años impuesta a la exalcaldesa de Guaca (Santander), Elba Carvajal Valencia, quien permitió que un tercero se apropiara de recursos públicos que debían ser entregados como subsidios complementarios para vivienda.
El fallo de segunda instancia señaló que la exmandataria supeditó la entrega de dicho subsidio a que los beneficiarios autorizaran girar el dinero a favor de la Organización No Gubernamental (ONG), Corporación Municipal y Departamental de Proyectos Comunitarios (Cormudeco).
En consecuencia, 44 de los 50 beneficiarios autorizaron la entrega del monto que les fue asignado a la citada ONG, por ser la organización encargada por la administración de realizar la adecuación de sus lotes.
Pese a que solo se obtuvieron 44 autorizaciones, la representante legal de la ONG presentó cuenta de cobro por $ 75 millones de pesos, que correspondían al valor total de los subsidios asignados. Es decir, Carvajal Valencia dispuso entonces el traslado, sin autorización, del valor de 6 subsidios adicionales que no fueron notificados de la asignación.
Por su parte, la tesorería de Guaca (Santander) autorizó el pago del valor ya señalado a favor de la citada organización, con lo cual, se materializó el desvío de los recursos a favor de un tercero.
Entre tanto, “se comprobó que los recursos girados a la ONG no se utilizaron en las labores de adecuación de los lotes señalados para adelantar el proyecto de vivienda (…)”.
La conducta endilgada a la exmandataria de Guaca (Santander) fue calificada como falta gravísima a título de dolo.
