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El Consejo de Estado rechaza indemnización a militares secuestrados por las Farc debido a caducidad del plazo para demandar

El Consejo de Estado en Colombia ha negado la indemnización a siete exmilitares secuestrados por las Farc en 1998, debido a que superaron el plazo legal de dos años para presentar sus reclamaciones, pese a alegar fallas del Estado en su protección y cuidado.

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El Consejo de Estado en Colombia ha negado la indemnización a siete exmilitares secuestrados por las Farc en 1998, debido a que superaron el plazo legal de dos años para presentar sus reclamaciones, pese a alegar fallas del Estado en su protección y cuidado.

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El Consejo de Estado rechaza indemnización a militares secuestrados por las Farc debido a caducidad del plazo para demandar

En un giro sorpresivo y controvertido, el Consejo de Estado ha negado el recurso de indemnización solicitado por siete exmilitares, víctimas de uno de los secuestros más prolongados y atroces llevado a cabo por la desaparecida guerrilla de las Farc.

Los afectados, que **sufrieron condiciones deshumanizantes y torturas** durante su cautiverio, se vieron involucrados en la violenta toma de El Billar en Cartagena del Chairá, Caquetá, sucedida el 3 de marzo de 1998, fecha en la que 61 militares cayeron en combate y 43 fueron secuestrados, entre ellos los siete demandantes.

Estos exmilitares, quienes estuvieron recluidos en **jaulas al aire libre y forzados a marchas extenuantes sin provisión de alimentos ni cuidados básicos**, relatan su experiencia como una de extrema crueldad. *"Llegamos a una especie de jaulas, donde empezó otro sufrimiento. El trato era cruel, inhumano,"* recordó Nelson Rada, uno de los liberados.

La liberación de los secuestrados se dio en dos momentos, seis de ellos el 30 de junio de 2001, y el sargento primero José Miguel Arteaga el 2 de julio de 2008, gracias a la Operación Jaque.

Los demandantes argumentaron una **falla en el servicio por parte del Estado**, aduciendo falta de entrenamiento adecuado y escasez de recursos para la defensa en el momento del ataque guerrillero. Pese a las adversidades enfrentadas, la respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inicialmente, y luego ratificada por el Consejo de Estado, dictaminó que los exmiembros del Ejército habían excedido el plazo legal de dos años para formular sus reclamos indemnizatorios, terminando así las esperanzas de justicia de estos hombres.