El temido paramilitar alias Jorge 40 acepta responsabilidad por crímenes que dejaron 145 víctimas

El exjefe paramilitar reconoció su participación en 22 hechos delictivos ocurridos entre 1999 y 2005, incluidos homicidios colectivos, asesinatos de indígenas Kankuamo y Arhuaco, desapariciones forzadas y desplazamientos.

Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40 y antiguo cabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad en 22 hechos criminales que dejaron 145 víctimas en Valledupar y otros municipios del departamento del Cesar, entre 1999 y 2005.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exjefe paramilitar se acogió a sentencia anticipada y reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. El procedimiento se adelanta en el marco de la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, documentó una serie de ataques que afectaron gravemente a la población civil en diferentes zonas del departamento.

Cinco masacres entre los hechos reconocidos

Entre los episodios incluidos en la aceptación de cargos figuran cinco homicidios colectivos. Uno de ellos ocurrió el 11 de diciembre de 1999, en el corregimiento La Meza, en Valledupar, donde cinco personas fueron asesinadas.

También se documentó el ataque perpetrado el 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes, municipio de San Diego, que dejó seis víctimas mortales. Ese mismo año, el 13 de enero, acciones armadas en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, causaron nueve muertes.

Otro de los hechos de mayor gravedad ocurrió en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, donde, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005, incursiones armadas dejaron 20 personas asesinadas.

La Fiscalía también documentó los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad.

Según el ente investigador, los crímenes ocasionaron graves afectaciones a estas comunidades, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino también por las consecuencias sobre sus territorios, formas de organización, prácticas culturales y tradiciones espirituales.

La investigación, desarrollada con enfoque diferencial, examinó el impacto de la violencia paramilitar sobre estos pueblos indígenas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaron durante el periodo estudiado.

Amenazas, torturas y desplazamientos

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos atribuidos a Tovar Pupo estarían relacionados con un patrón sistemático de amenazas, torturas, homicidios y desplazamientos forzados contra personas que se oponían a la presencia de los grupos paramilitares en la región.

La destrucción de viviendas y bienes también agravó la situación de las comunidades afectadas. Estas acciones debilitaron sus redes de apoyo, sus medios de subsistencia y sus posibilidades de permanecer en sus territorios.

La aceptación de responsabilidad por parte de alias Jorge 40 representa un avance en el esclarecimiento judicial de estos hechos, que dejaron 145 víctimas y cuyas consecuencias marcaron a numerosas familias y comunidades del Cesar.