JEP responde a polémica por $56.435 millones en gastos: asegura que solo el 1,13 % fue para tiquetes al exterior

La Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que los recursos corresponden a actividades judiciales y misionales realizadas entre 2018 y julio de 2026. La entidad reportó 61 comisiones internacionales, por $286 millones, y aseguró que las auditorías no han identificado hallazgos disciplinarios, fiscales ni penales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las afirmaciones sobre un supuesto “turismo judicial” financiado con recursos públicos y aseguró que los $56.435 millones señalados en publicaciones de medios de comunicación y redes sociales corresponden a gastos de traslados, viáticos y tiquetes destinados al cumplimiento de sus funciones judiciales y misionales.

En un comunicado fechado el 17 de octubre de 2026, la entidad explicó que los recursos fueron ejecutados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2026 para respaldar más de 21.425 actividades institucionales en 337 municipios de 31 departamentos del país.

La controversia surgió tras las declaraciones de la senadora María Clara Posada, quien afirmó que la JEP había gastado esa suma en 75 viajes internacionales entre 2020 y 2026, y cuestionó destinos como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago.

Frente a esos señalamientos, la Jurisdicción sostuvo que la cifra fue presentada de manera incorrecta, pues incluye gastos asociados a su operación en Colombia y no exclusivamente a desplazamientos internacionales.

¿En qué se gastaron los $56.435 millones?

Según la información entregada por la Secretaría Ejecutiva de la JEP, los recursos se distribuyeron en tres conceptos principales: $10.193 millones para traslados, $20.501 millones para viáticos y $25.425 millones para tiquetes.

La entidad señaló que estos gastos permitieron atender órdenes judiciales, desarrollar diligencias y audiencias, facilitar la participación de las víctimas y los comparecientes, y garantizar el acceso a la justicia en los territorios.

Además, aseguró que entre 2024 y lo corrido de 2026 logró ahorros por $21.760 millones, en medio de las restricciones fiscales del país.

Uno de los principales puntos de la controversia es el número de desplazamientos al exterior. La JEP precisó que entre 2018 y julio de 2026 financió 61 comisiones internacionales, y no 75, como se ha afirmado en algunas publicaciones.

De acuerdo con el informe, estos viajes representaron un gasto de $286.416.420, equivalente al 1,13 % del valor total reportado por concepto de tiquetes durante el periodo.

La entidad explicó que las comisiones tuvieron distintos propósitos institucionales, entre ellos jornadas de atención y acreditación de víctimas colombianas en el exterior, participación en audiencias judiciales, presentación de informes ante organismos internacionales y reuniones de cooperación.

También se realizaron encuentros con entidades como la Corte Penal Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización Internacional para las Migraciones.

La JEP indicó que durante 2026 no había realizado comisiones al exterior y que su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, declinó al menos seis invitaciones internacionales por motivos de austeridad.

La entidad también respondió a los cuestionamientos sobre el desplazamiento que realizaron Ramelli y el magistrado auxiliar Fabián Camilo Martínez entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025, con actividades en París, Ginebra y La Haya.

Frente a las críticas sobre la duración y los destinos del recorrido, la Jurisdicción aseguró que la agenda respondió a invitaciones formales y compromisos de cooperación judicial con organismos internacionales.

Según la JEP, las reuniones buscaban fortalecer alianzas institucionales y avanzar en asuntos relacionados con los derechos de las víctimas. Asimismo, sostuvo que la agenda fue anunciada públicamente y que los encuentros presenciales no podían sustituirse por reuniones virtuales.

En relación con otro viaje a Nueva York, realizado en julio de 2025 para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la entidad afirmó que una sala especializada del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la revista *Semana* rectificar afirmaciones que consideró falsas e inexactas sobre ese desplazamiento.

La entidad invoca auditorías y controles

Como parte de su defensa, la JEP aseguró que ha sido objeto de siete auditorías de la Contraloría General de la República y ha entregado 14 informes a la Procuraduría General de la Nación, sin que, según su comunicado, se hayan registrado hallazgos disciplinarios, fiscales o penales relacionados con los recursos cuestionados.

La Jurisdicción también destacó que, entre 2024 y 2026, atendió 134 sesiones de trabajo con organismos internacionales, entidades y representaciones diplomáticas interesadas en conocer su modelo de justicia transicional restaurativa.

Finalmente, la institución solicitó a la senadora María Clara Posada rectificar públicamente las afirmaciones que, a su juicio, presentan los $56.435 millones como gastos exclusivos en viajes internacionales.

La controversia pone sobre la mesa la discusión sobre el uso de los recursos públicos, la transparencia institucional y la necesidad de examinar las cifras con su contexto completo. Mientras la JEP defiende que los gastos respaldan su labor judicial y la participación efectiva de las víctimas, los cuestionamientos sobre el uso de fondos estatales mantienen abierto el debate público.