La guerrilla, caracterizada por su control de la minería ilegal en el ser de bolívar y otras regiones del país, publicó dos pronunciamientos en defensa del agua y contra la minería, sin mencionar la explotación ilícita de oro que afecta distintas regiones del país. Sus declaraciones coinciden con el debate sobre la protección del páramo y la actividad minera en Soto Norte.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) entró en el debate por el futuro del páramo de Santurbán con dos pronunciamientos en los que se presenta como defensor del agua y del medioambiente, postura que contrasta con las denuncias de las autoridades sobre la presencia de grupos armados en zonas de explotación ilegal de oro y sus posibles vínculos con economías criminales, incluyendo con nombre propio al ELN.

La primera publicación, titulada Santurbán no se negocia: el agua y la vida primero, apareció el 9 de octubre en el portal del Frente de Guerra Urbano Nacional ‘Camilo Torres Restrepo’. El documento cuestiona la revocatoria de la Resolución 0970 de 2026, critica la minería legal y destaca el trabajo del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.

Tres días después, el 12 de octubre, la organización difundió un segundo texto, Defender el agua es defender la vida, publicado como editorial número 1073 de la revista Insurrección y firmado por el Comando Central (COCE), máxima instancia de dirección de esa guerrilla.

En este pronunciamiento, el ELN cuestiona distintas actividades extractivas, entre ellas la minería, el fracking y la explotación de carbón en La Guajira, además de la operación de embotelladoras de bebidas. El documento también llama a la movilización y a la presión social.

Sin embargo, ninguno de los dos textos hace referencia a la minería ilegal de oro ni al uso de mercurio en actividades extractivas, una de las preocupaciones ambientales y de seguridad que rodean a Santurbán y a otras regiones mineras del país.

Alerta por la presencia de grupos armados

Las publicaciones se conocen en medio de las advertencias del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, sobre la llegada de organizaciones armadas a sectores del páramo atraídas por las rentas de la explotación ilícita de minerales.

El mandatario ha mencionado expresamente al ELN y al Clan del Golfo y ha anunciado la necesidad de coordinar acciones con el Ministerio de Ambiente, la Fuerza Pública y los municipios de la zona para combatir la minería ilegal.

Díaz Mateus también ha cuestionado lo que considera un trato desigual frente a la actividad minera: mientras los trabajadores y empresarios que operan dentro de los marcos legales enfrentan restricciones y controversias, persisten las dificultades para contener las explotaciones clandestinas.

La preocupación no se limita a Santander. En territorios de Chocó, Antioquia, el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y La Guajira, las autoridades han advertido sobre los daños ambientales asociados con la extracción ilegal de oro y la participación de organizaciones armadas en economías ilícitas. No obstante, las responsabilidades específicas deben establecerse con base en investigaciones y evidencias para cada territorio.

Otro elemento que alimenta la controversia es la coincidencia entre el discurso del ELN y las posiciones de sectores ambientalistas que se oponen a proyectos mineros en Soto Norte. Los textos guerrilleros exaltan la labor del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, organización que, según los antecedentes políticos citados en la controversia, manifestó respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda y apoyó al Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

A este escenario se suman declaraciones públicas atribuidas a Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC y antigua senadora, en las que se refiere a los comités de defensa del agua de Santurbán como parte de distintas “combinaciones de luchas de masas”.

La referencia ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de las relaciones entre organizaciones políticas, movimientos sociales y antiguas o actuales estructuras insurgentes. Sin embargo, esas coincidencias discursivas o declaraciones, por sí solas, no demuestran coordinación orgánica, subordinación ni vínculos operativos entre el ELN y las organizaciones ambientalistas.

La minería criminal, otro frente de preocupación

La discusión también se cruza con el anuncio del Ministerio del Interior sobre medidas para combatir la gran minería criminal y las economías ilegales que financian a organizaciones armadas. La explotación ilícita de oro constituye una fuente de ingresos para distintos grupos criminales y puede generar graves impactos sobre los ríos, los bosques y las comunidades.

En Santander, la controversia adquiere especial relevancia por la importancia de Santurbán para el abastecimiento de agua de millones de personas y por las tensiones entre la conservación ambiental, la actividad minera legal y las operaciones clandestinas.

La pregunta de fondo es cómo garantizar que la defensa del páramo se traduzca en acciones concretas contra todas las amenazas que lo afectan, desde los proyectos que incumplan las normas ambientales hasta las explotaciones ilegales que destruyen ecosistemas y pueden alimentar estructuras armadas.

Que el ELN se pronuncie en favor de Santurbán plantea interrogantes políticos y ambientales legítimos. Pero la protección del páramo exige algo más que declaraciones: requiere controles verificables, presencia institucional, investigación criminal y medidas eficaces contra quienes contaminen el agua o financien sus actividades mediante la extracción ilícita de recursos naturales.