Estratificación en Bucaramanga exige deber político para anticipar conflictos

La estratificación en Bucaramanga dejó de ser un asunto técnico y se convirtió en prueba de credibilidad para la administración municipal. Cuando a una familia le llega un recibo con un valor más alto sin una explicación clara y oportuna, no sólo protesta por la cuantía, duda del Estado, de sus métodos y de su capacidad para tratar con justicia a quienes tratan con recursos justo para sobrevivir.

El problema no nace únicamente en la actualización de predios, sino en la manera como se comunicó. En barrios como Kennedy, San Expedito, Buenos Aires, Pablo VI y sectores del norte, la noticia llegó por las facturas de servicios públicos, no por un proceso pedagógico.

Ese orden importa, porque es contrario a procedimientos con sentido común, primero apareció el cobro; después surgió la explicación. En política pública, ese desorden cuesta confianza, y la credibilidad perdida no se recupera con una carta a destiempo.

La Alcaldía insiste en la legalidad del proceso, y tiene razón en una mínima parte, en que la estratificación por predios responde a lineamientos vigentes y a estudios que, según su propio balance, alteraron sólo una fracción del total.

Pero la legalidad no borra el deber político de anticipar conflictos. Un gobierno con sentido social no espera el reclamo para explicar. Llega antes, conversa antes, visita antes y deja constancia antes.

Tampoco ayuda esconder el debate detrás de porcentajes. Que el 97,6% conserve su estrato no cambia el drama del 1,2% al que se le subió la tarifa en un parpadeo y sin notificación.

En una ciudad con bolsillos apretados, esa proporción representa comida, transporte, arriendo y colegio. La queja de la gente no merece menosprecio ni tecnicismo defensivo. Merece revisión caso por caso, trato humano y respuestas contundentes y efectivas.

El barrio San Expedito, de la capital, santandereana, simboliza el choque entre la estadística y la vida real. Allí, y en otros barrios donde el cambio ya golpea la economía doméstica, la administración debe demostrar que no dirige a ojo, ni desde la distancia.

Si el ajuste es correcto, debe explicarlo con transparencia y atender reclamos con rapidez. Si hay errores, debe corregirlos sin soberbia porque Bucaramanga no necesita una pelea de trincheras entre vecinos, concejales, empresas y funcionarios. Necesita una corrección institucional que restaure confianza y orden.

La Alcaldía debe publicar criterios simples, calendario claro, canales visibles y respuestas rápidas.  el Concejo, ejercer control sin ruido; y las empresas, orientar al usuario sin esconderse tras el trámite.

La ciudad no puede aceptar que una revisión legítima, del estrato, termine convertida en una experiencia de desamparo, porque cuando el tributo toca el hogar, la comunicación vale tanto como la norma y no basta con actualizar estratos, hay que escuchar, rectificar y responder antes de que la irritación crezca.

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