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Resumen
La propuesta del senador Jota Pe Hernández para disminuir los ingresos de los congresistas y altos cargos del Estado no obtuvo el apoyo necesario en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en Colombia, deteniendo su avance.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La iniciativa de disminuir los ingresos de los congresistas y altos cargos del Estado, presentada por el senador Jota Pe Hernández, no logró el respaldo necesario en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, lo que impidió su avance hacia la plenaria.
La votación resultó en un empate, con 15 votos a favor y 14 en contra, aunque la propuesta requería de 21 votos positivos para seguir avanzando. Los "14 representantes que votaron contra pertenecen a diversos partidos políticos:
- Orlando Castillo Advíncula - Citrep
- Ruth Amelia Caycedo Romero - Partido Conservador
- Piedad Correal Rubiano - Partido Liberal
- Juan Manuel Cortés Dueñas - Partido Liberal
- Karyme Adrana Cortes Martínez - Partido Liberal
- Luis Eduardo Díaz Mateus - Partido Conservador
- Juan Sebastián Gómez González - Nuevo Liberalismo
- Delcy Esperanza Isaza Buenaventura - Partido Conservador
- Andrés Felipe Jiménez Vargas - Partido Conservador
- Juan Daniel Peñuela Calvache - Partido Conservadorli>Gersel Luis Pérez Altamiranda - Cambio Radical
- Diógenes Quintero Amaya - Citrep
- Óscar Hernán Sánchez León - Partido Liberal
- Jorge Eliécer Tamayo Marulanda - Partido de la U
La congresista Piedad Correal Rubiano defendió su voto negativo, alegando que el recorte de los salarios por ley sería inconstitucional y requiere una acción del Ejecutivo.
Miguel Polo Polo, indignado con el resultado, denunció lo ocurrido como una "mezquindad" y responsabilizó a la falta de compromiso gubernamental. "Esto es una burla en la cara del pueblo colombiano", expresó Polo Polo, quien hubiera preferido dejar la decisión final en manos de la Corte Constitucional.
En contraste, David Racero lamentó el resultado pero mantuvo su convicción sobre la importancia de dicha medida, recalcando que el cambio en la normativa constitucional es necesario para ajustar los salarios de los funcionarios y enfrentar la desigualdad.
Si se hubiera aprobado el proyecto, los legisladores habrían visto reducido su salario de 48 millones a 29 millones de pesos, promoviendo la equidad y austeridad en el uso de fondos públicos.
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