Gobierno inicia recuperación de tierras baldías para sumarlas a la Reforma Agraria

Córdoba fue el primer departamento donde se llevaron a cabo operativos de aprehensiones materiales; de manera simultánea, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— estuvo en Lorica, Cotorra, Purísima y Chimá, municipios en los que recuperó 1.400 hectáreas (ha) como parte del deslinde de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Las tierras fueron entregadas bajo la figura de comodato a las juntas de acción de defensa de baldíos y a organizaciones sociales de esos municipios.

La jornada fue realizada en el desarrollo del programa ‘Baldíos para la Gente’, anunciado por el director general de la ANT, Felipe Harman, el cual consiste en recuperar bienes de la nación acaparados por particulares y destinar sus tierras para la Reforma Agraria del Gobierno del Cambio.

    “Estamos recuperando bienes ocupados por finqueros de la región que son de la nación, la legalidad de estas tierras es que se pongan a disposición de las campesinas y los campesinos. Hacer justicia es poner al servicio del Estado la fuerza pública, y las instituciones al servicio de los más humildes”, afirmó el director Harman.

Como parte del programa, también fueron recuperadas 350 ha en el municipio cordobés de San Antero, 75 ha en Tenerife (Magdalena) y 5.384 ha en Arauquita (Arauca).

    “La entidad ha venido tomando decisiones durante más de 40 años que no se habían materializado. Aquí hubo un patrón y es el acaparamiento de tierras, lo hicieron personas que no eran campesinas”, explicó la directora de Gestión Jurídica de Tierras, de la ANT, Ana Jimena Bautista.

La Agencia Nacional de Tierras es consciente de la importancia de los bienes de la nación, por ello creó un comité de aprehensiones, liderado por el director general Harman, y espera avanzar en la recuperación de tierras.

Es así como la meta para el final de este 2025 consiste en recuperar 50.000 hectáreas de baldíos, ya que la Reforma Agraria no solo se hace a través de la compra voluntaria de predios, sino también por medio de procesos con las facultades legales con las que cuenta la entidad, al ser autoridad agraria.