Resumen
La exsecretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana, está siendo investigada por presuntamente otorgar un contrato de manera directa sin proceso de licitación. El contrato, valorado en más de $1.372 millones, estaba destinado a servicios de apoyo pedagógico.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa a María Eugenia Triana, exsecretaria de Educación de Santander, por presuntamente otorgar un contrato de manera directa, obviando el proceso de licitación pública. Los hechos investigados están vinculados al contrato 1461, firmado el 28 de agosto de 2020 entre la Secretaría de Educación y la Fundación Piensa en Todos.
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En el contrato, valuado en más de $1.372 millones, tenía como propósito brindar servicios de apoyo pedagógico para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en municipios no certificados del departamento. Según la Procuraduría, este acuerdo se realizó sin el proceso de licitación pública requerido por el estatuto contractual para servicios profesionales.
La entidad de control ha iniciado una investigación y ha formulado cargos contra María Eugenia Triana Vargas, sosteniendo que en casos que implican actividades profesionales o especializadas, como en este caso, se debe seguir el procedimiento de licitación pública. Se destaca que este proceso garantiza los principios que rigen la función pública y está establecido por el legislador.
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La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander ha calificado la falta cometida por la exfuncionaria como gravísima, en el marco de una culpa grave. Este hecho genera preocupación en la opinión pública y pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el cumplimiento estricto de los procedimientos legales en la contratación pública.
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