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La Corte Suprema declara inconstitucional la concesión minera a First Quantum

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La Suprema Corte de Justicia de Panamá emitió este martes un fallo histórico al declarar inconstitucional la concesión estatal de explotación minera de cobre otorgada a la compañía canadiense First Quantum. La medida se produce después de semanas de intensas protestas en el país centroamericano, donde los manifestantes celebraron la decisión en las calles de Panamá.

La presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López, anunció la decisión por unanimidad, afirmando: "Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país".

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La ley en cuestión, aprobada en el Congreso, respaldaba el controvertido contrato con la minera First Quantum. El acuerdo permitía la explotación por 20 años de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, con la posibilidad de extenderse por 20 años más, implicando un pago anual de US$375 millones a las arcas estatales.

El contrato generó las mayores protestas en décadas en Panamá, con ciudadanos expresando preocupaciones sobre la soberanía del país y las consecuencias ambientales de la explotación minera. La mina representa el 1% de la producción mundial de cobre y contribuye al 5% del Producto Interno Bruto panameño.

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El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, declaró que acatará la decisión del máximo tribunal, mostrando respeto por la separación de poderes y la Constitución.

El rechazo a la explotación de la mina de cobre, ubicada en la provincia de Colón, tiene raíces históricas. El yacimiento ha estado operando desde 1997 bajo un contrato firmado entre el Estado y la sociedad minera Petaquilla S.A., con irregularidades como la falta de licitación y estudios de impacto ambiental.

La sociedad civil presentó una demanda en 2009, pero el fallo de inconstitucionalidad no se logró hasta 2017, publicándose en la Gaceta Oficial en 2021. Sin embargo, durante este tiempo, las operaciones mineras se ampliaron.

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Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sostenible, señaló que tras el fallo, en lugar de hacer cumplir la decisión, el Estado renegoció un nuevo contrato, iniciando negociaciones con la filial canadiense en enero de 2022. El acuerdo se anunció en marzo de 2023 sin participación ciudadana, generando críticas y demandas de la sociedad civil.

Las negociaciones, que carecieron de transparencia, culminaron con la aprobación de la Ley 406 en octubre de 2023, provocando protestas que finalmente llevaron al fallo de inconstitucionalidad. La sociedad civil denunció que se repetían los errores del acuerdo anterior, exigiendo una discusión abierta que el gobierno ignoró.

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