La hora de volver a creer en Colombia

Hay discursos de posesión que cumplen con el protocolo, saludan a las instituciones, repasan lugares comunes y terminan archivados en la memoria de los ceremoniales. Y hay discursos que pretenden marcar un antes y un después. El pronunciado por Abelardo de la Espriella este 7 de agosto, desde el histórico cantón militar Pichincha de Cali, pertenece a esta segunda categoría.

Más que una sucesión de promesas, el nuevo Presidente quiso dibujar una hoja de ruta para una Colombia que, después de años de incertidumbre, confrontación política, deterioro de la seguridad y dificultades económicas, parece reclamar algo tan elemental como trascendental: volver a creer en sí misma.

El concepto escogido para condensar ese propósito no fue casual: regeneración. La palabra, cargada de historia republicana y asociada a Rafael Núñez, adquirió en el discurso presidencial una nueva dimensión. No se trata de regresar al siglo XIX ni de copiar fórmulas del pasado, sino de recuperar principios que parecen haber perdido espacio en la vida pública: autoridad, institucionalidad, disciplina administrativa, respeto por la ley, confianza, inversión y trabajo.

Y allí está, quizás, la mayor virtud política de este discurso: haber entendido que Colombia no puede construir prosperidad con un Estado débil, ni defender la democracia mientras las organizaciones criminales pretenden sustituir la autoridad legítima en extensas zonas del territorio.

La seguridad dejó de ser presentada como una simple estadística de homicidios, secuestros, extorsiones o ataques contra la Fuerza Pública. De la Espriella la convirtió en una condición elemental para la libertad.

Un comerciante que abre su negocio sin pagar extorsiones. Un campesino que puede sacar su cosecha sin encontrarse con una estructura armada. Un transportador que transita por las carreteras sin miedo. Una familia que permite a sus hijos jugar en el parque. Una mujer que puede regresar a su casa sin sentir que la ciudad le pertenece a los delincuentes.

Eso también es desarrollo. Por eso resulta significativa la reivindicación de la política de seguridad que durante los primeros años del siglo XXI permitió recuperar amplias zonas del territorio colombiano. Más allá de las controversias que inevitablemente suscita cualquier experiencia de gobierno, hay una enseñanza que conserva plena vigencia: cuando el Estado ejerce su autoridad, protege a sus ciudadanos y respalda a quienes tienen constitucionalmente la misión de defenderlos, el crimen encuentra mayores dificultades para imponer sus reglas.

La frase presidencial sobre que la seguridad no se construye con concesiones al crimen, sino con autoridad y constancia, constituye una declaración de principios que puede marcar el rumbo de los próximos cuatro años. Colombia necesitaba escuchar que el Estado no está condenado a retroceder.

Y mucho menos que los ciudadanos tengan que acostumbrarse a vivir bajo las condiciones impuestas por quienes utilizan fusiles, explosivos, extorsiones y asesinatos para imponer su voluntad.

El capítulo de la llamada “paz total” parece, en consecuencia, llegar a su final político. El nuevo Gobierno anuncia una estrategia distinta: recuperar la iniciativa, fortalecer a las Fuerzas Militares y a la Policía y enfrentar decididamente a las estructuras ilegales.

Pero hay un elemento particularmente importante en ese planteamiento. La confrontación contra el crimen no fue presentada como una cruzada ideológica, sino como una defensa de la democracia. Porque ninguna reivindicación política, social o ideológica puede convertirse en patente de corso para asesinar, secuestrar, extorsionar o sembrar terror. En una democracia civilizada, las ideas se enfrentan con argumentos y votos, no con fusiles.

El homenaje a Miguel Uribe Turbay convirtió esa reflexión en uno de los pasajes más dolorosos y, al mismo tiempo, más esperanzadores del discurso. Recordar a una víctima de la violencia política para reafirmar que ningún colombiano debe ser asesinado por pensar diferente constituye una declaración que debería encontrar eco mucho más allá de las fronteras partidistas.

Un departamento que ha demostrado capacidad empresarial, vocación agroindustrial, potencial turístico, riqueza minera y energética y una notable tradición de emprendimiento no puede continuar dependiendo exclusivamente de las decisiones tomadas en la capital.

Santander necesita carreteras, infraestructura, seguridad rural, conectividad, inversión, oportunidades para sus jóvenes y condiciones para que sus empresarios puedan crecer. Pero, sobre todo, necesita que el Gobierno nacional mire hacia las regiones no como receptoras de subsidios, sino como socias estratégicas de la prosperidad nacional.

El Presidente habló de Dios, de la historia, de los próceres, de la autoridad, de la seguridad, de la empresa privada, de las regiones y de la necesidad de recuperar la dignidad institucional. En tiempos de discursos políticos muchas veces reducidos a consignas, semejante amplitud temática revela una intención ambiciosa: no administrar simplemente el país, sino intentar cambiar su estado de ánimo.

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