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La JEP condena el ataque contra mujer víctima en el Magdalena Medio y solicita acción de la Fiscalía

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condena un ataque contra una mujer víctima del conflicto armado y miembro de CREDHOS, sucedido días después de un diálogo sobre masacres paramilitares. La JEP insta a la Fiscalía a investigar el acto e insta a la protección de las víctimas.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condena un ataque contra una mujer víctima del conflicto armado y miembro de CREDHOS, sucedido días después de un diálogo sobre masacres paramilitares. La JEP insta a la Fiscalía a investigar el acto e insta a la protección de las víctimas.

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La JEP condena el ataque contra mujer víctima en el Magdalena Medio y solicita acción de la Fiscalía

La Jurisdicción Especial para la Paz ha condenado un atentado perpetrado contra una mujer que forma parte de la Corporación Regional Para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y es una víctima reconocida en el 'caso 08', que estudia las infracciones cometidas por la fuerza pública y colaboradores estatales, junto con grupos paramilitares y civiles durante el conflicto armado en el Magdalena Medio. Ante este hecho, la jurisdicción insta a la Fiscalía a realizar investigaciones exhaustivas.

El agresivo acto sucedió en la residencia de la afectada el pasado martes 13 de febrero por la noche, cuando sujetos no identificados lanzaron un explosivo hacia su hogar mientras ella no estaba; no obstante, tres familiares, incluyendo a una niña, quedaron lastimados.

Este incidente se produjo apenas tres días después de que el exmilitar José Eduardo González Sánchez, vinculado anteriormente con la empresa Ecopetrol, se expusiera de forma voluntaria ante la JEP, CREDHOS, y otras 26 víctimas, para dialogar sobre masacres ligadas a la unión entre paramilitares y agentes estatales acontecidas en los años 1998 y 1999.

En una acción de urgencia, la JEP demanda a la Fiscalía aclarar lo sucedido y esclarecer responsabilidades, subrayando que quienes intervienen en las indagaciones de la JEP, ya sean víctimas, testigos o juristas, enfrentan un riesgo elevado y constantes amenazas. Además, la jurisdicción hace un pedido a las entidades gubernamentales asociadas "para que aseguren la protección de las víctimas del conflicto armado que buscan justicia, verdad, compensación y la promesa de no repetición ante la Jurisdicción".