La lucha antidrogas y la desesperación de Petro para evitar la desertificación por parte de EE.UU.

Con cifras récord de incautaciones, capturas y destrucción de laboratorios, el Gobierno del presidente Gustavo Petro intensificó en los últimos meses su estrategia antidrogas. Aunque la narrativa oficial insiste en un viraje hacia la justicia social, la reforma agraria y la sustitución de economías ilícitas, los balances entregados por altos funcionarios dejan ver un afán evidente por exhibir resultados ante Washington, en medio del riesgo de que Colombia pierda la certificación en la lucha contra el narcotráfico.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, destacó que la actual política antidrogas “privilegia la inversión social” y evita medidas indiscriminadas como la aspersión con glifosato, que según la Corte Constitucional no reduce los cultivos ilícitos y sí genera desplazamientos forzados. Sin embargo, el mismo funcionario resaltó que en 2024 y lo corrido de 2025 las operaciones de seguridad han tenido un impacto sin precedentes:

·         5.261 laboratorios de droga destruidos.

·         183 extraditables capturados, de los cuales 177 ya fueron entregados a la justicia de EE. UU. y otros países.

·         125 millones de dólares en bienes ocupados a la mafia.

·         900 millones de dosis de cocaína incautadas, con un valor estimado de 29 billones de dólares en las calles internacionales.

“Lo que hemos logrado es impedir que esas ganancias lleguen a los carteles y al crimen organizado”, insistió Montealegre, subrayando que la combinación de represión y atención social ha permitido mostrar “más logros que gobiernos anteriores”.

La sombra de Washington

El telón de fondo de estos balances es la presión de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump analiza recortar la ayuda militar y económica a Colombia. Un reportaje de The New York Times reveló que la Casa Blanca evalúa descertificar al país como socio confiable en la lucha antidrogas, lo que podría suspender cientos de millones de dólares en cooperación y golpear una de las alianzas más estrechas de Washington en América Latina.

“Nosotros consideramos que hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está al alcance”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al mismo diario. Y agregó: “Si hay alguien que tenga una voluntad férrea para combatir el narcotráfico, es Colombia”.

Las cifras oficiales respaldan esa afirmación: entre enero y septiembre de 2025 las incautaciones de cocaína crecieron un 8 %, la destrucción de laboratorios un 21 %, y fueron abatidos 3.200 integrantes de grupos ilegales, un 17 % más que en 2024.

Para el embajador en Washington, Daniel García-Peña, una eventual descertificación sería “injusta y dañina”. “Perjudicaría a Colombia, a Estados Unidos y beneficiaría únicamente a los narcotraficantes”, recalcó.

Sustitución de economías ilícitas: la otra cara

Mientras la diplomacia trabaja a contrarreloj, el Gobierno busca mostrar un rostro más humano de su política. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, bajo el liderazgo de Gloria Miranda, puso en marcha el programa Renhacemos, parte de la política nacional de drogas “Sembrando Vida”.

La meta es sustituir 20.000 hectáreas de coca para 2025, beneficiando entre 10.000 y 15.000 familias con proyectos de café, cacao y agroforestería. “No se trata solo de cambiar una mata por otra mata, sino de transformar economías enteras”, explicó Miranda.

Según sus cifras, el Gobierno renegoció compromisos con el 85 % de las 58.000 familias incluidas en el fallido PNIS de administraciones anteriores. “Nuestro mayor logro es recuperar la confianza de comunidades que se sintieron engañadas durante años”, afirmó.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, agregó que la transición hacia economías lícitas no solo busca ingresos estables, sino también proteger ecosistemas estratégicos. “La guerra contra las drogas se cruzó con la falta de reforma agraria. Hoy estamos redistribuyendo tierras y reconociendo a campesinos, indígenas y afrodescendientes como protagonistas de la economía de la vida”, aseguró.

Diplomacia internacional y narrativa de cambio

Colombia también busca liderar un cambio de paradigma en foros internacionales. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio insistió en que el narcotráfico debe abordarse con corresponsabilidad global: “La coca existe porque hay consumo. No se trata únicamente de operaciones militares, sino de transformar territorios con justicia social y soberanía alimentaria”.

Bajo la presidencia pro tempore de la CELAC, Colombia ha propuesto un frente común del sur global para superar la visión punitiva de la lucha antidrogas. La política “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, lanzada en 2023, combina dos pilares: Oxígeno (apoyo a comunidades, salud pública y transición hacia economías legales) y Asfixia (golpes a las finanzas del narcotráfico, interdicción marítima y cooperación internacional).

El dilema: logros sociales vs. presión política

Aunque el Gobierno resalta que su modelo evita el uso de glifosato, promueve la sustitución voluntaria y conecta la política antidrogas con la agenda de paz, el nerviosismo por el examen de Washington es inocultable. La certificación de EE. UU. será anunciada el 15 de septiembre y, en caso de ser negativa, podría implicar sanciones y restricciones de visado a funcionarios colombianos.

En paralelo, el presidente Petro insiste en que mantener la cooperación internacional “es vital para evitar que se desplome el andamiaje que hemos construido”. El mensaje a EE. UU. es claro: Colombia está cumpliendo, aunque los balances exhibidos con tanta insistencia dejan en evidencia un afán desesperado por demostrarlo.