Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha tomado cartas en el asunto ante una serie de comportamientos anticompetitivos, al ordenar medidas cautelares contra un conjunto de empresas por presuntas prácticas de colusión en el alquiler de vehículos blindados para la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2017 hasta 2023.
La investigación realizada por la SIC reveló que, durante siete años, las firmas implicadas habrían repartido entre sí las zonas de contratación, presentándose como únicas oferentes en el 93% de los casos. Esta maniobra estratégica les permitió adjudicarse los contratos sin enfrentar competencia, lo que resulta en condiciones menos ventajosas para la UNP.
La entidad desglosó el sustento de su decisión en cuatro puntos clave, resaltando primero la ausencia de competencia en la inmensa mayoría de las zonas asignadas. Segundo, destacó la falta de evidencia de competencia real incluso en los pocos casos donde más de una empresa se postuló para una zona, donde seguían siendo evidentes los movimientos para mantener la exclusividad en las propuestas.
Tercero, llamó la atención sobre la persistencia de esta repartición, a pesar de las modificaciones realizadas por la UNP en un intento por fomentar la competencia entre interesados. Esta constancia en el patrón sugiere la existencia de acuerdos ilegales que sobrepasaban los esfuerzos regulatorios de la institución.
La medida de la SIC busca poner fin a estos acuerdos anticompetitivos que atentan contra la libre competencia, siendo un paso decisivo en la protección del marco legal colombiano y el interés público.
