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Matrimonios de menores de edad aumentan en Colombia: más de 100 casos en 2023

La Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia reveló que 114 menores se han casado en 2021. La práctica, aunque legal con consentimiento parental, ha suscitado preocupaciones sobre protecciones contra potenciales abusos hacia los menores.

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La Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia reveló que 114 menores se han casado en 2021. La práctica, aunque legal con consentimiento parental, ha suscitado preocupaciones sobre protecciones contra potenciales abusos hacia los menores.

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En un informe reciente, la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia ha revelado que, durante el presente año, 114 menores de edad se han unido en matrimonio. Esto pone el foco sobre una práctica que, a pesar de ser legal bajo ciertas condiciones, genera preocupación sobre la protección de los derechos de la infancia en el país.

La legislación colombiana contempla la posibilidad de enlaces matrimoniales donde al menos uno de los contrayentes es menor de edad, exigiendo un conjunto de requisitos legales para su validez. Así, el consentimiento de los padres o, en su ausencia, del tutor legal, es un requisito sine qua non para que estos matrimonios puedan ser celebrados.

"Si ambos padres han fallecido, la autorización del tutor legal es indispensable para llevar a cabo el matrimonio", recuerda el ente regulador.

La labor de la Superintendencia abarca la vigilancia en el cumplimiento de los protocolos notariales, garantizando los derechos de los menores involucrados y buscando la seguridad y equidad en el trámite de estos matrimonios.

Con esta situación en la palestra, las autoridades se enfrentan a la tarea de valorar si la normativa vigente realmente protege a los menores de potenciales abusos, y si se están tomando las medidas adecuadas para prevenir cualquier violación de sus derechos. Estadísticas como esta instan a una seria reflexión sobre las protecciones legales que cobijan a los menores en matrimonio.

El debate abierto tiene como fin último impulsar reformas legales que resguarden mejor a los infantes colombianos y fomentar un desarrollo social más justo y seguro para esta población vulnerable.