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Obstrucciones ilegítimas

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Resumen

El Congreso colombiano enfrenta críticas por parte de integrantes que bloquean e interrumpen el correcto funcionamiento de las comisiones y cámaras. Se debate si estas acciones son legítimas dentro de la democracia o si ignoran y desobedecen la normatividad de las funciones parlamentarias.

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Por: José G. Hernández

El Congreso colombiano, que debería ser una de las instituciones más respetables -puesto que tiene a su cargo nada menos que la expedición de las leyes y las reformas de la Constitución- ya no lo es, por culpa de muchos de sus integrantes.

En efecto, hay motivos para considerar que, si en verdad esta es una democracia, quienes fueron elegidos por el pueblo como sus representantes tomen conciencia del papel que deberían jugar y de las responsabilidades que asumieron al posesionarse. Al culminar la actual legislatura, deben meditar.

Hay senadores y representantes cuya respetabilidad es innegable, quienes, con toda dedicación y seriedad, desempeñan su trascendental función y sacan la cara por el Congreso, pero -infortunadamente- no es su actividad la que se capta en videos o transmisiones y se divulga ante la sociedad. Por el contrario, lo que se expande en el conocimiento público -en medios de comunicación y redes sociales- no es otra cosa que el deprimente espectáculo generado por interminables bloqueos, insultos y vías de hecho que impiden el adecuado funcionamiento de las comisiones y cámaras.

Es cada vez más frecuente el vergonzoso espectáculo de los gritos, la vulgaridad, las faltas de toda consideración a esas corporaciones, a sus integrantes y al país, en el curso de bochornosas reuniones -no llegan a ser sesiones-, que deberían estar dedicadas al ejercicio responsable de la tarea legislativa.

Hemos visto, porque se han hecho públicas, intervenciones agresivas y ofensivas, inclusive contra mujeres congresistas, sin el más mínimo respeto.

Algunos se enorgullecen, en las redes sociales, por haber logrado impedir, bloquear o torpedear sesiones y votaciones, mediante la ruptura del quórum, las irregulares proposiciones -más de 800, en el caso de la reforma pensional- o los impedimentos y   recusaciones sin fundamento, y dicen actuar “en ejercicio de su derecho a oponerse”. Se refieren a proyectos de ley o de reforma de origen gubernamental. Pero ese es un gran error. Muestra que ignoran o quieren desconocer la normatividad que regula las funciones del Congreso.

Los parlamentos, congresos o asambleas fueron concebidos precisamente para debatir, discutir, controvertir y decidir mediante el voto, pero dentro de unas reglas, formas y procedimientos. Sus miembros deben acudir a las sesiones precisamente para exponer con toda amplitud sus propias convicciones, su posición o la de su bancada, y, tras los debates, deciden las mayorías, sean simples o calificadas. Pero debe darse el trámite previsto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Se requiere el debate. No es leal con el Congreso ni con el pueblo -y es ilegítimo e inconstitucional- impedir los debates desbaratando u obstruyendo el quórum, o levantando las sesiones y provocando que durante varios días dejen de sesionar las plenarias o las comisiones.

La oposición -como corresponde a una genuina democracia- tiene unos derechos y unas prerrogativas, que hoy en Colombia garantiza la Constitución. Les deben ser respetados. Pero entre tales derechos y prerrogativas no se encuentra el plan o la práctica de obstruir los trámites para impedir que las cámaras y sus comisiones adelantan la actividad que les es propia.

Se puede disentir. Se pueden negar o modificar los proyectos de ley presentados, pero dentro de las reglas, no de hecho, ni obstruyendo la actividad legislativa.

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