Población colombiana tendrá más canas y menos cunas
En Colombia, el envejecimiento poblacional y la caída en la natalidad demandan políticas urgentes para enfrentar un futuro donde los mayores de 60 años superarán a los menores de 15 años en 2036.
En Colombia, el envejecimiento poblacional y la caída en la natalidad demandan políticas urgentes para enfrentar un futuro donde los mayores de 60 años superarán a los menores de 15 años en 2036.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Desde el DANE se presentó un informe en el cual se ratifica que en Colombia los jóvenes se convirtieron en ‘antihijos’ y los nacimientos son cada vez menos, entre tanto, somos más los adultos mayores y en los próximos diez años la juventud será mucho menor.
La próxima convergencia entre el envejecimiento acelerado y el desplome de la natalidad en Colombia exige una reacción inmediata, porque se calcula que en el año 2036 la población de 60 años y más superará a la de menores de 15 años, consecuencia de la caída de nacimientos a 445.011 registros en 2024 y de un exceso de mortalidad masculina a edades tempranas por conflicto y migración.
El bono demográfico, ese lapso en que la fuerza laboral crece frente a las poblaciones dependientes, está a punto de extinguirse. Una transición demográfica que no admite demora en el diseño de políticas integrales para salud, pensiones y protección social.
Colombia aún disfruta de una edad promedio de 32 años y sólo el 10 % supera los 65, pero la proyección al 2050 coloca a uno de cada cinco colombianos en esa franja y en 2070 a uno de cada tres.
La esperanza de vida alcanzará 85 años, siete más que en la actualidad. Esa longevidad refleja el éxito de las inversiones en infraestructura, educación y salud, pero revela profundas desigualdades territoriales.
El envejecimiento en Bogotá, el Eje Cafetero y el centro del país avanza con fuerza, mientras en la Amazonía y la Orinoquía apenas alcanza el 6 %, por lo tanto, el reto fiscal es inmenso, 25 % de las personas mayores carece de ingresos en la vejez.
Cualquier incuria en la reforma pensional menoscaba la posibilidad de un ahorro forzoso efectivo, imprescindible para sostener la longevidad creciente. Dicho ahorro no es un impuesto más, sino una herramienta que garantiza ingresos dignos.
La prolongación de la vida útil del país demanda un aprovechamiento estratégico del bono de género y la profundización del capital humano juvenil, donde la formalización del empleo y el aumento de ingresos se deben convertir en palancas para sostener el gasto público en la vejez.
La educación financiera en los hogares debe elevarse al rango de política de Estado, porque sin ese pilar, la transición pendiente colapsará ante la rigidez presupuestal para la atención a los adultos mayores.
La experiencia de Chile, Uruguay y Cuba ofrece lecciones para estructurar un sistema de cuidado de larga duración, diversificar fuentes de financiamiento para pensiones y promover comunidades amigables con las personas mayores.
Colombia no puede limitarse a armar puentes endebles entre generaciones, porque la vejez poblacional es una alarma cuya señal roja parpadea ya. Ignorarla equivaldrá a hipotecar la calidad de vida futura.
El momento de actuar llegó ayer. El país debe acelerar su agenda demográfica y social para convertir la amenaza en un éxito colectivo que garantice que la longevidad sea un derecho y no un privilegio.
