¿Por qué caen las viejas casonas?

Por: Corporación Amigos de Bucaramanga y Santander*

Una vieja casona de amplios corredores, techos de barro y patios interiores amanece un día cubierta por el velo opaco de la polisombra. Semanas después, el rugido de los taladros y una densa nube de polvo anuncian el desenlace.

Entre los transeúntes aflora la indignación y la culpa recae, en el constructor depredador empeñado en borrar la historia.

Sin embargo, culpar a la codicia inmobiliaria es una explicación insuficiente. La desaparición del tejido arquitectónico tradicional responde a un fenómeno estructural donde convergen la lógica económica, la metamorfosis familiar, el urbanismo moderno y la inoperancia de las políticas públicas de patrimonio.

A medida que las urbes evolucionan, la tierra experimenta una valorización acelerada. Una vivienda de un solo piso, ubicada en zonas cerca de corredores comerciales, es una pieza vulnerable dentro del mercado.

El urbanismo contemporáneo promueve la densificación bajo la premisa de que es más sostenible crecer verticalmente que expandirse de forma horizontal.

En este escenario, el terreno adquiere un valor muy superior al de la edificación que sostiene. Así, la casona que durante décadas simbolizó el arraigo o el prestigio de una familia pasa a ser catalogada como un espacio subutilizado frente al potencial de un edificio de apartamentos o locales. El constructor, en última solo ejecuta una dinámica que la propia ciudad ya ha consolidado.

A este factor se suma que, para las familias, sostener estas estructuras exige un capital elevado. Las reparaciones con las tecnologías constructivas de antaño, muros de tapia, vigas de madera, cubiertas de arcilla requiere de costosos obreros artesanos especializados

Si a este mantenimiento se añaden impuestos prediales que se disparan anualmente sin que el inmueble genere renta, la conservación se vuelve insostenible.

En muchos casos, los propietarios deben destinar hasta cinco meses de ingresos por alquiler solo para cubrir las cargas impositivas. Conservar el patrimonio se convierte en una condena económica.

Por otra parte, los modos de habitar han cambiado. Las extensas familias que daban vida a estos espacios han desaparecido; hoy imperan los hogares unipersonales o parejas sin hijos. Cuando los propietarios originales fallecen, la herencia se dispersa entre múltiples descendientes con realidades económicas disímiles. La fragmentación de las decisiones familiares encuentra en la venta y la demolición la única salida viable para liquidar sucesiones complejas.

La estocada final proviene del propio aparato estatal. Las instituciones exigen la conservación del patrimonio, pero abandonan a los propietarios a su suerte.

Se imponen leyes restrictivas, pero no se ofrecen contraprestaciones reales: no existen incentivos tributarios significativos, créditos de restauración ni asesorías técnicas accesibles. El patrimonio se transforma así en una obligación costosa que castiga al dueño. La consecuencia previsible es el deterioro inducido; las filtraciones de agua y las fallas estructurales vuelven inhabitable el espacio, dejando a la demolición como el único desenlace viable ante la indiferencia institucional.

Este proceso culmina en la amnesia urbana. Con cada casona que cae, la ciudad pierde sus relatos y su memoria colectiva. Desaparece la identidad de los barrios y la estética singular que diferenciaba a una urbe de otra. Las ciudades crecen, pero terminan pareciéndose cada vez más entre sí.

El desafío urgente radica en hallar un equilibrio entre el crecimiento y la memoria. La reutilización adaptativa, transformar estas antiguas residencias en centros culturales, hoteles, bibliotecas o cafés, ofrece una alternativa viable, pero requiere un verdadero apoyo estatal. Las casonas antiguas mueren mucho antes de que lleguen las máquinas; mueren cuando la sociedad las olvida. Y una comunidad que borra sus espacios emblemáticos termina perdiendo su rostro, su historia y aquello que alguna vez la hizo distinta.

*Diego Sáenz Reyes