Presto podrá mantener abiertos sus restaurantes mientras busca comprador tras liquidación

La cadena colombiana de restaurantes Presto podrá continuar operando temporalmente mientras avanza su proceso de liquidación judicial y se explora la posibilidad de vender el negocio en funcionamiento. La autorización fue otorgada por la Superintendencia de Sociedades a Franquicias y Concesiones S.A.S., empresa que opera la marca, con el propósito de conservar el valor de la compañía y proteger los empleos vinculados a los establecimientos que permanezcan abiertos.

La decisión quedó consignada en el auto 2026-01-759994, expedido el 19 de octubre de 2026. El permiso cobija los restaurantes que la liquidadora mantenga activos, las unidades de apoyo necesarias y la planta de producción.

La autorización no tiene una fecha fija de vencimiento. Según lo establecido, se extenderá hasta 20 días hábiles después de que quede en firme la aprobación de la calificación y graduación de créditos. Sin embargo, no suspende ni revierte la liquidación judicial, abierta formalmente el 13 de octubre de 2026.

¿Qué pasará con los restaurantes y los trabajadores?

La intención es mantener abiertos los establecimientos autorizados y conservar los empleos asociados a su funcionamiento mientras se busca un comprador que adquiera la compañía como una unidad económica productiva.

En una comunicación dirigida a acreedores, proveedores y arrendadores, la empresa explicó que el objetivo es “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa en marcha como unidad económica productiva”.

La estrategia permitiría vender conjuntamente los restaurantes, la infraestructura de producción y los contratos necesarios para operar, en lugar de desprenderse inmediatamente de los activos por separado.

Los trabajadores vinculados a los puntos que continúen activos podrán permanecer en sus cargos mientras se mantenga la operación autorizada. La liquidadora, Mónica Alexandra Macías, también podrá reemplazar a empleados que renuncien en esos establecimientos.

No obstante, la continuidad de los puestos de trabajo dependerá de los puntos de venta que permanezcan abiertos y del desarrollo del proceso. La autorización no representa una garantía de que todos los establecimientos continuarán funcionando de manera indefinida.

Cómo se pagarán las obligaciones

Uno de los aspectos centrales de la decisión es el tratamiento de las deudas generadas durante esta etapa. Los productos, servicios, cánones de arrendamiento y demás obligaciones causadas desde el 14 de octubre de 2026 serán considerados gastos de administración y tendrán prioridad de pago con los ingresos de la operación.

Estos recursos podrán destinarse a cubrir la nómina, los aportes a seguridad social, los arrendamientos, los servicios públicos y los pagos a proveedores indispensables para mantener los restaurantes funcionando.

Mientras esté vigente la autorización, los contratos de los establecimientos activos podrán continuar. Los arrendadores, proveedores y concedentes no podrán terminarlos unilateralmente por el solo hecho de la liquidación ni suspender suministros por obligaciones anteriores, siempre que se cumplan las condiciones establecidas, incluido el pago oportuno de las nuevas obligaciones.

La liquidadora deberá presentar informes mensuales sobre la gestión, las cifras y las decisiones adoptadas durante este periodo.

En materia laboral, la Superintendencia también autorizó destinar hasta el 5 % de las deudas externas de la compañía al pago de obligaciones laborales pendientes. Primero se atenderán las acreencias de trabajadores que reciban menos de dos salarios mínimos y el saldo se distribuirá proporcionalmente entre los demás empleados, según lo autorizado.

Las deudas laborales y comerciales causadas hasta el 13 de octubre deberán reclamarse dentro del proceso de liquidación, siguiendo los procedimientos y plazos que se establezcan.

Las dificultades financieras que llevaron a la liquidación

La decisión se produjo después de que la compañía solicitara su liquidación el 30 de septiembre de 2026, debido a dificultades financieras, reducción del flujo de caja, pérdida de la capacidad de continuar como negocio en marcha e incumplimientos de obligaciones posteriores a su acuerdo de reorganización.

En abril de este año, la Superintendencia había aprobado un acuerdo para reestructurar pasivos por aproximadamente 31.000 millones de pesos durante seis años. El plan buscaba darle viabilidad financiera a la empresa y preservar los empleos, pero no logró evitar la apertura de la liquidación judicial.

De acuerdo con las cifras reportadas, Presto registró ingresos por 108.629 millones de pesos durante 2025. Al comenzar la liquidación, sus activos contables ascendían a cerca de 46.943 millones de pesos, valor que puede ajustarse durante el procedimiento.

Fundada en 1981, con su primer establecimiento en el barrio Chapinero de Bogotá, Presto enfrenta ahora el reto de encontrar un comprador que permita mantener la actividad comercial. Por el momento, la autorización abre una oportunidad para conservar parte de la operación y proteger los empleos, pero el futuro de la cadena dependerá del resultado de la liquidación y de la posibilidad de concretar una venta.