Resumen
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No más hipocresía, no más escondidas, no más farsa, no más; no más juego por debajo de la mesa, no más disimulos; hay que extirpar de los códigos la conducta tipificada como falta disciplinaria para los funcionarios públicos que participen en política y que les acarrea sanciones drásticas como la pérdida del empleo.
Por Carlos Ibáñez Muñoz
Exalcalde de Bucaramanga
¿Habrase visto que en pleno siglo XXI en nuestra patria se conviva con un fósil normativo tóxico para la democracia participativa?
Atrás la hipocresía y la doble moral; acá participa en política desde el Presidente de la República hasta el portero del edificio público, pasando por ministros, gobernadores, alcaldes y altos cargos del Estado. Es más, quien debe aplicar la norma disciplinaria no está libre de pecado y no se atreve a tirar la primera piedra.
El empleo público no le puede castrar a quién lo ostente el ejercicio democrático de opinar, participar e interesarse en su país o región y promover su ideología y la simpatía por sus dirigentes. Limitarlo es ir contra natura, ya que el hombre es un animal político por esencia como bien lo definía el filósofo griego Aristóteles.
En las democracias modernas no está prohibida o vedada la participación en política de los servidores del Estado, allí lo hacen de frente, sin tapujos y exhiben con orgullo su bandería.
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Las elecciones se ganan con propuestas y programas sensibles y novedosos que cautiven al electorado, los gobernantes respaldan a los candidatos que defienden y tienen la misma línea ideológica del gobierno y no con la fuerza del aparato burocrático y la infraestructura del Estado. España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos permiten la participación en política de los funcionarios del gobierno.
Acá los más tontos, ingenuos, desprevenidos y los empleados de bajo rango son los que sufren el castigo disciplinario.
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Las razones que se pudieron tener para señalar la prohibición hoy no existen. Esa herencia del frente nacional que imperó en el país entre 1958 y 1974 donde se acuñó la frase: “más administración y menos política “que tuvo su fundamento en la violencia política de esas aciagas épocas ha sido superada. Han transcurrido 61 años y otra es la cultura política de la Colombia del siglo 21 donde esta se ha elevado por la educación, la globalización, los sistemas informáticos modernos como las llamadas redes sociales y por el control político y social. Así pues: ¡El Gobierno y el Congreso tienen la última palabra!
