Resumen
La Defensoría del Pueblo en Colombia atendió 286 casos de violencia contra la comunidad LGBTIQ+ entre enero y mayo de este año. La violencia psicológica fue la más frecuente. La entidad insta a actualizar la Política Pública Nacional LGBTI y a implementar el Plan de Acción 2023-2027.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Entre enero y mayo de este año, la Defensoría del Pueblo atendió en las distintas regiones del país un total de 286 casos de violencia contra la población con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD). Resulta preocupante que la violencia psicológica haya sido la que registró más atenciones, con el 55%, le siguió la violencia física, con el 27%. Es importante mencionar que en cada caso puede ser reportado más de un tipo de violencia.
Al ser comparado con las cifras reportadas por la Defensoría en su informe ‘Una Radiografía del Prejuicio 2023’, el panorama se torna más preocupante, toda vez que el año anterior registró 480 casos de violencia por prejuicio, en los que el 52,6% obedeció a situaciones por violencia psicológica y el 23%, a violencia física.
La institución nacional garante de los derechos humanos, en consecuencia, les reitera su llamado al Ministerio del Interior y la Dirección LGBTIQ+, adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad: actualicen la Política Pública Nacional LGBTI y expidan de forma urgente el Plan de Acción 2023-2027.
Es fundamental, así mismo, que todas las entidades de los sectores salud, protección, justicia, entre otras, implementen una cualificación de sus equipos de trabajo, con el fin de brindar una atención más efectiva a las víctimas de violencia por prejuicio.
La Defensoría del Pueblo se vincula a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI rechazando cualquier acto de discriminación y violencia por prejuicio en razón a la orientación sexual, la identidad y expresión de género, pues constituye una evidente violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, les solicita a las instituciones del Estado, al Gobierno Nacional, a las autoridades locales y departamentales y a toda la sociedad avanzar en acciones que permitan erradicar esa y otras formas de violencia.
Si bien reconoce los avances en el fortalecimiento de derechos de esa población por vía normativa y jurisprudencial, continúa evidenciando su vulneración por parte de la institucionalidad y la sociedad. Es por eso que, de manera conjunta, el Estado, las instituciones y la ciudadanía deben avanzar para que la promoción y garantía de los derechos de la población OSIGD cobren cada vez más fuerza en todo el territorio nacional.
La Defensoría es consciente de que será la capacidad, el liderazgo, la movilización de la población OSIDG-LGBTI, que, como sujeto de especial protección por parte del Estado, abrirá paso a la construcción de la paz en Colombia; esto, recordando que la promoción y la garantía de sus derechos es un reto inconmensurable que debe ser asumido de manera conjunta entre el Estado, las instituciones y la ciudadanía.
