Soto Norte recupera la esperanza sobre su territorio: Abelardo reversó norma que condenaba al hambre y la miseria a la región

Las comunidades de Soto Norte recibieron con alivio, alegría y una renovada sensación de esperanza la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual el anterior Gobierno había declarado una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499 hectáreas del municipio de California.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Para los habitantes de la provincia de Soto Norte la decisión representa mucho más que la derogatoria de un acto administrativo. La sienten como un triunfo de las comunidades que durante años han reclamado ser escuchadas y que, según sostienen, estuvieron a punto de quedar sometidas a una determinación que amenazaba con dejar en la ilegalidad buena parte de las actividades económicas y sociales de un territorio habitado y trabajado durante generaciones.

La resolución fue expedida el 6 de agosto, a menos de 24 horas de finalizar el anterior Gobierno, y en momentos en que ya se encontraba admitida una acción de tutela que advertía sobre una posible vulneración de derechos fundamentales de los habitantes de California. A ello se sumaba una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada, circunstancia que, de acuerdo con el actual Ministerio de Ambiente, suspendía legalmente la actuación administrativa.

El nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, formalizó la revocatoria mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto y una vez formalizado el trámite indicó que la determinación responde además a una orden del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga que encontró irregularidades en el procedimiento de consulta pública y ordenó reiniciar el proceso bajo condiciones que garanticen la participación efectiva de las comunidades.

En Soto Norte, el sentimiento predominante es de celebración. Después de meses de incertidumbre y de una fuerte confrontación alrededor de las decisiones ambientales que afectan a California, los habitantes consideran que finalmente se abrió una puerta para discutir la protección del territorio sin convertirla, según sus palabras, en una amenaza contra quienes viven y trabajan allí.

“Recibimos con alegría y esperanza la decisión de la Juez del juzgado Octavo, y nos dimos cuenta que vale la pena alzar la voz para defender nuestros derechos. El ministerio de Desarrollo Actual tomó la correcta decisión de revocar la resolución 0994 que era la reserva de La Baja, basándose en la tutela que yo instauré, en los nuevos hallazgos que encontró, y en los vicios jurídicos de la anterior resolución. Esperamos que el nuevo ministerio corrija, comience un nuevo proceso transparente e informado, y con participación”, afirmó Rosa Amira Mendoza, directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte y promotora de la tutela.

Para Mendoza, el reclamo de las comunidades nunca ha consistido en oponerse a la protección ambiental. Su exigencia, insiste, es que cualquier decisión sobre el territorio tenga sustento científico, información completa y participación de quienes conocen directamente las condiciones de la región.

“En Soto Norte no estamos en contra de proteger el agua ni el ambiente; por el contrario, queremos que esa protección se haga bien, con ciencia, con información completa y escuchando a quienes vivimos en el territorio y hemos protegido el agua por siglos. La decisión del ministro Fabio Arjona permite corregir lo que se hizo mal y comenzar nuevamente un proceso con todas las garantías”, señaló.

Una resolución nefasta

El rechazo a la Resolución 0994 había crecido en California porque, según las organizaciones sociales, la declaratoria de la reserva podía tener consecuencias profundas sobre las actividades económicas desarrolladas en el municipio.

Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo Territorial de Soto Norte, celebró de manera contundente la decisión del Ministerio de Ambiente y aseguró que la resolución anterior amenazaba con dejar a todo el territorio de California en una situación de incertidumbre jurídica.

“Respaldamos de manera contundente la decisión del nuevo Ministerio de Ambiente de revocar la nefasta resolución de La Baja, o impedir su continuidad, ya que dejaba a todo el territorio de California en la ilegalidad, sin la posibilidad de desarrollar sus actividades económicas en ninguna parte del municipio”, afirmó Maldonado.

El dirigente comunitario también aprovechó para cuestionar a quienes, durante años, han defendido la protección ambiental del ecosistema de Santurbán, pero que, en su opinión, no han ofrecido soluciones que permitan conciliar la conservación con la realidad económica y social de Soto Norte.

“Agradecemos al ministro Fabio Arjona de ayudar a un territorio, y quitarle la bandera al activismo que durante casi 20 años viene hablando de protección de ecosistemas de Santurbán pero no han hecho nada, y por el contrario nos dejan en la ilegalidad con las consecuencias que eso trae”, agregó.

Ese es precisamente uno de los mensajes que hoy quieren hacer visible las comunidades: la defensa del territorio, sostienen, no puede reducirse a mapas trazados desde los escritorios de Bogotá. Para quienes viven en California y en los demás municipios de Soto Norte, cualquier determinación ambiental tiene efectos directos sobre familias, empleos, actividades productivas y sobre la posibilidad misma de permanecer en el territorio.

Irregularidades en la consulta pública

La decisión del Ministerio de Ambiente no surgió únicamente de la voluntad política del nuevo Gobierno. Detrás de la revocatoria existe también un proceso judicial en el que fueron examinadas las condiciones en las que se adelantó la consulta pública que precedió a la declaratoria de la reserva.

La tutela presentada por habitantes de California puso en conocimiento de la justicia posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de acceso a la información pública, participación ciudadana, debido proceso administrativo e igualdad.

Uno de los elementos más relevantes del expediente fue un Informe Pericial de Informática Forense elaborado bajo estándares de análisis de evidencia digital y verificado mediante huellas criptográficas, conocidas como HASH. El informe documentó modificaciones y cambios en archivos que habían sido publicados durante el proceso de consulta.

El despacho judicial también constató modificaciones posteriores en el Documento Técnico de Soporte. Para la justicia, esas circunstancias comprometieron las condiciones necesarias para que los ciudadanos pudieran participar de manera efectiva, pues la comunidad no habría contado desde el inicio con un conjunto documental completo, estable y suficiente para conocer qué se estaba decidiendo sobre su territorio.

Por esa razón, la juez ordenó reiniciar el procedimiento y estableció condiciones concretas para garantizar una nueva participación ciudadana: publicación completa y simultánea de los documentos, identificación de las modificaciones realizadas, acceso a las versiones históricas, información técnica y cartográfica comprensible, un nuevo término integral de participación y espacios de socialización y deliberación con la comunidad de California.

Protección ambiental sí, pero con las comunidades

La revocatoria también ha generado una precisión fundamental. La decisión del Ministerio de Ambiente no significa que La Baja quede desprotegida ni que se haya abandonado la defensa ambiental de la zona.

La resolución cuestionada se refería a una zona específica de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada en el municipio de California y por fuera de los límites del Páramo de Santurbán.

Por eso, la revocatoria de la Resolución 0994 no debe interpretarse como un retroceso en la protección ambiental del páramo. El Ministerio anunció que realizará una nueva evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas de protección que correspondan sobre el área.

Las comunidades, de hecho, aseguran que están dispuestas a participar en ese nuevo proceso.

 “No estamos pidiendo que se deje de proteger La Baja. Estamos pidiendo que las decisiones se adopten correctamente. Queremos que se proteja el agua, pero también que se respeten los derechos de las familias que viven allí, que se reconozca la realidad del territorio y que podamos participar en las decisiones que van a afectar nuestro futuro”, sostuvo Rosa Amira Mendoza.