Sucesión, garantía democrática

La fuerza pública en una democracia no se improvisa, se construye sobre cimientos de doctrina, disciplina y una sabia organización piramidal. Esta estructura, inveterada y probada a lo largo de la historia, no es un capricho jerárquico, es un mecanismo de depuración natural que garantiza que solo los perfiles más destacados, templados en la rigurosidad del servicio y el mérito, asciendan a las dignidades del mando.

Los relevos institucionales, sustentados en la doctrina de las organizaciones y el estricto respeto por los escalafones, constituyen el verdadero blindaje de las fuerzas y el logro del fin último, la seguridad en toda su máxima expresión.

Cuando un Estado respeta este ordenamiento, los gobiernos de turno adquieren la libertad y la seguridad de elegir cúpulas militares y de policía bajo criterios de absoluta idoneidad. Sin embargo, en el momento en que la sustitución se altera por conveniencias coyunturales o simpatías ideológicas, las costuras de las instituciones comienzan a ceder. Saltarse los escalafones de manera sistemática no solo rompe la línea de sucesión natural, sino que desmoraliza una oficialidad que ha dedicado su vida a una carrera meritocrática y los alcances de estas alteraciones suelen ser graves e insospechados, sumiendo a las estructuras en situaciones de profunda angustia operativa y estratégica.

Históricamente el diseño institucional colombiano ha buscado un objetivo supremo: evitar a toda costa que la política partidista permeé el manejo de las armas de la República. El uniforme no tiene color político. No obstante, en la Colombia contemporánea asistimos con preocupación a un fenómeno que parece estar haciendo carrera: la politización de los relevos en el mando, cuyo riesgo inminente es que la fuerza pública deje de ser baluarte de todos los colombianos para convertirse en el feudo de la facción política gobernante. Un retroceso de esta magnitud no solo debilita la seguridad territorial, sino que erosiona las bases del sistema democrático.

Preservar la apoliticidad de la fuerza pública no es una opción, es un mandato de supervivencia republicana. Por ello, resulta imperativo recomendar al señor presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, retomar la sustitución reglada y hoy violentada, como método inquebrantable y, de cara al futuro, como ley de la República. Es decir, codificar la obligatoriedad de respetar el orden de los escalafones y los procesos doctrinarios de sucesión, evitar que la discrecionalidad política prime sobre el rigor técnico y la antigüedad.

La democracia colombiana necesita faros institucionales estatales, nuestras fuerzas militares y de policía deben seguir siendo ese faro. Blindar la línea de mando de las mareas de la política electoral es la única vía para asegurar que su lealtad siga perteneciendo única y exclusivamente a la constitución y al pueblo colombiano.

Retornar al respeto doctrinario del escalafón, no es debilitar el poder civil, es fortalecer la legitimidad del Estado.