Autonomía de la fuerza pública

La fuerza pública encuentra su primer cimiento en la Constitución: el presidente de la República es su comandante Supremo. De él emana la facultad constitucional de designar a los mandos en las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía Nacional. Sin embargo, esta jefatura suprema no implica un manejo antojadizo, ni la politización de las filas.

Los comandantes desarrollan las tareas que demandan sus responsabilidades dentro del estricto marco de la ley, respaldados por la filosofía, la doctrina institucional y una dilatada trayectoria profesional. Esta experiencia acumulada, es precisamente la que les permite interpretar con criterio competitivo y técnico el sentido que cada jefe de Estado busca imprimir a su misionalidad y a sus programas de gobierno.

No obstante, la relación entre el poder ejecutivo y la fuerza pública ha atravesado momentos críticos. Durante la administración del presidente Gustavo Petro se hizo evidente cómo el gobierno permeó de manera directa la administración y la operatividad de las fuerzas. Esta injerencia ideológica e institucional, resquebrajó la imagen pública de las fuerzas armadas y debilitó seriamente la capacidad táctica y operativa de las instituciones encargadas de velar por la seguridad en toda su dimensión. El distanciamiento entre las doctrinas de las fuerzas y las decisiones políticas generó incertidumbre en el mando y desconfianza ciudadana.

Hoy, afortunadamente, se comienza a percibir un cambio de rumbo significativo en el manejo gubernamental del orden público y en el direccionamiento de las operaciones. Resulta plausible la libertad y autonomía que, según se observa, el actual gobierno está otorgando a los altos mandos, así como la credibilidad depositada en las decisiones de las fuerzas militares y la dirección de la policía. Devolver el liderazgo operativo a quienes han dedicado su vida a estas disciplinas no solo reintegra la dignidad a las instituciones y sus componentes, sino que devuelve la tranquilidad al país.

Las expectativas frente a esta nueva dinámica son altas, la sociedad espera resultados contundentes, fundamentados en las vastas experiencias, el buen criterio y la visión estratégica de estos comandantes y director. Para que este esfuerzo rinda frutos duraderos se requiere también un respaldo irrestricto y continuo por parte del gobierno nacional en todo lo concerniente a la gestión administrativa, el equipamiento, la operatividad y la defensa legal de los integrantes de las fuerzas.

Este apoyo debe ser firme e inquebrantable, sin dejarse amedrentar ni ceder ante las críticas sesgadas provenientes de sectores ideológicos ajenos a la gobernabilidad. Garantizar la seguridad de una nación no es una tarea partidita, sino un deber gubernamental; en que permitir que la fuerza pública actúe bajo la ley y con la debida autonomía operativa, es el único camino para recuperar el control territorial, restaurar la confianza institucional y consolidar la paz que reclaman todos los colombianos.