Superintendencias: de garantes de derechos a “contrataderos burocráticos”

Preámbulo: Tutelas que aumentan, hospitales desbordados, problemas de agua y alcantarillado sin respuestas oportunas: detrás de estas crisis aparece una pregunta incómoda sobre las superintendencias. ¿Están cumpliendo su función de proteger al ciudadano o se han convertido en pesadas estructuras burocráticas alejadas de las necesidades de la población?

Por: Oscar Humberto Cote Cote

En el lenguaje cotidiano de los colombianos existe una palabra que describe, con crudeza, lo que ocurre cuando una entidad pública pierde su misión para dedicarse a contratar burocracia: “contratadero”. No es un término jurídico, pero resume el malestar ciudadano frente a instituciones donde crecen las contrataciones mientras disminuyen la eficiencia, la capacidad técnica y los resultados para las comunidades.

Las superintendencias fueron creadas para ejercer control, vigilar, investigar y proteger los derechos de los usuarios, no para convertirse en fortines burocráticos. Por eso, uno de los grandes retos del nuevo Gobierno debe ser recuperar y fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, devolviéndoles independencia técnica, capacidad operativa y, sobre todo, sentido de servicio al ciudadano.

La situación de la salud demuestra la urgencia. La Defensoría del Pueblo reportó que las tutelas relacionadas con el derecho a la salud pasaron de 265.173 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, lo que significa que cientos de miles de colombianos terminaron recurriendo a los jueces para obtener servicios, medicamentos o tratamientos que deberían recibir de manera oportuna dentro del sistema.

Que la tutela se haya convertido, para tantos ciudadanos, en la última —o incluso en la única— esperanza para acceder a un medicamento, enfrentar una enfermedad compleja o conseguir una intervención quirúrgica que lleva meses o años en espera constituye una señal inequívoca de que los mecanismos ordinarios de vigilancia y protección presentan graves deficiencias.

Mientras el ciudadano pelea por una cita, un tratamiento o un medicamento, las urgencias hospitalarias también muestran señales preocupantes.

En Santander, por ejemplo, el Hospital Internacional de Colombia llegó a reportar sobreocupaciones del 300 % y posteriormente superiores al 320% y 350%. En marzo incluso tuvo que declarar una emergencia funcional y cerrar temporalmente su servicio de urgencias.

Cuando una institución de alta complejidad soporta una demanda que desborda su capacidad, hay que preguntarse qué ocurre en el resto de la red.

En Piedecuesta, por ejemplo, si los ciudadanos perciben que el hospital local y otros centros asistenciales ofrecen servicios precarios o atención deficiente, buscarán los hospitales que consideran más confiables para garantizar sus derechos a la salud y a la vida. El resultado es previsible: congestión, sobreocupación y deterioro de la atención.

Aquí debe actuar con autoridad la Supersalud. Su función no puede reducirse a recibir quejas y tramitar expedientes interminables. Debe anticiparse a las crisis, intervenir ante las barreras sistemáticas, exigir respuestas oportunas a las EPS y las IPS, y realizar un seguimiento efectivo hasta garantizar la óptima prestación de los servicios de salud.

Algo similar ocurre con la Superservicios frente a los servicios públicos. Una visita que tarda meses, una investigación que nunca concluye o un informe que llega cuando el problema ya se agravó no constituyen control efectivo.

Es el caso de la Vega de San Roque, en Piedecuesta, donde en noviembre de 2025 se realizó una visita técnica para verificar la inexistencia de redes de alcantarillado.

Nueve meses después, los residentes siguen sin recibir el informe que necesitaban como insumo para exigir jurídicamente su construcción. Tampoco se conocen sanciones ni actuaciones efectivas frente a la administración municipal frente a esta lamentable situación.

La Superservicios debe garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, no encubrir ni maquillar actuaciones irregulares de las administraciones municipales o de las empresas prestadoras.

En noviembre de 2025, además, realizó una visita a la PTAP La Colina, de Piedecuesta, con el propósito de constatar la inexistencia de cloradores automáticos y verificar la idoneidad del proceso de potabilización.

Sin embargo, a la fecha no se evidencian acciones eficaces por parte de este ente de control, mientras la población continúa consumiendo agua tratada mediante procedimientos de cloración manual.

El nuevo Gobierno tiene el deber de desmontar la lógica del “contratadero” y fortalecer las plantas técnicas, la meritocracia, la estabilidad institucional, los indicadores de resultados y la responsabilidad individual. Menos burocracia transitoria y más funcionarios especializados que conozcan los problemas y respondan por sus decisiones.

Las superintendencias no existen para sostener nóminas ni contratos: existen para proteger al ciudadano. Recuperar esa misión debe ser una prioridad nacional. Porque cuando el Estado obliga a una persona a acudir a una tutela para conseguir un medicamento o tolera durante meses deficiencias en servicios esenciales, algo fundamental está sucediendo: el Estado ha dejado de llegar oportunamente.