¿Vender lotes públicos para reparar infraestructura educativa? Posible detrimento patrimonial

Por: Oscar Humberto Cote

Vender predios públicos para financiar infraestructura educativa puede parecer una solución rápida y legítima. Sin embargo, cuando existen antecedentes que evidencian los riesgos de estas operaciones, la discusión trasciende lo jurídico: ¿estaríamos financiando la educación o comprometiendo el patrimonio de los municipios.

La reciente propuesta del representante a la Cámara por Santander, Mario José Carvajal Jaimes, presentada ante la Asamblea Departamental, para que los municipios del departamento puedan enajenar predios públicos que no estén prestando un servicio a las administraciones y que, según sus palabras, estén generando “gastos inoficiosos”, con el propósito de financiar el mantenimiento y la construcción de infraestructura educativa, aunque jurídicamente puede resultar viable, plantea una pregunta de fondo: ¿resulta responsable convertir el patrimonio público en fuente de financiación cuando existen antecedentes que evidencian los riesgos de estas operaciones y que involucran al mismo autor de la propuesta?

La experiencia de Piedecuesta obliga, por lo menos, a encender las alarmas. En 2021, cuando Carvajal Jaimes ejercía como alcalde, se tasó en aproximadamente $1.554 millones un lote urbano de cerca de 5.230 metros cuadrados; es decir, el valor del metro cuadrado fue estimado en aproximadamente $300.000. Se trataba de un predio ubicado en un sector estratégico, contiguo al intercambiador de la urbanización San Francisco de la Cuesta, cuyo valor por metro cuadrado terminó siendo incluso menor al de terrenos ubicados en asentamientos humanos del municipio. Posteriormente, el 51 % del predio fue entregado a un privado vinculado a una empresa de economía mixta, como aporte del municipio para la construcción de las instalaciones de Tránsito Municipal, obra que debía ejecutarse en dos años y que, tres años después, todavía no se ha puesto la primera piedra. Más allá de la legalidad formal del procedimiento, el caso plantea una pregunta elemental: ¿está el patrimonio público siendo administrado bajo criterios de verdadera conveniencia y protección del interés colectivo?

El riesgo aumenta porque una enajenación puede cumplir aparentemente todos los requisitos legales y, aun así, terminar siendo inconveniente para el interés general de los habitantes del municipio. Una valoración inferior al potencial comercial del inmueble, una destinación posterior diferente a la inicialmente prevista o una modificación de las condiciones urbanísticas pueden transformar un activo público estratégico en un beneficio patrimonial para terceros. Y allí aparece el verdadero peligro: que, bajo la justificación legítima de financiar infraestructura educativa, se abra una puerta para transferir patrimonio público a privados en condiciones de desventaja económica para los municipios que posteriormente resulten difíciles de revertir.

Por eso llama la atención que no se plantee, con igual determinación, una auditoría integral a los ingresos corrientes de los municipios santandereanos. En Piedecuesta, por ejemplo, existen interrogantes que ameritan ser esclarecidos frente a una posible doble contabilidad, sustentada en las discrepancias que se advierten entre las cifras de ingresos y gastos contenidas en los planes de desarrollo, los documentos utilizados para la gestión de empréstitos y la información reportada en los procesos de auditoría. A ello se suman los recientes hallazgos de la Contraloría General de Santander, relacionados con inconsistencias en consignaciones por cerca de $5.000 millones y saldos bancarios de alrededor de $3.600 millones durante la vigencia 2025. Si existen recursos que no están llegando oportunamente a donde corresponde, allí podría encontrarse una fuente mucho más sostenible para financiar no solo la educación, sino también la infraestructura vial, los servicios públicos y la inversión social. Lo que se debe analizar es que estas posibles irregularidades no necesariamente sean un caso aislado y puedan estar replicándose en otros municipios del departamento.

Tampoco puede ignorarse el segundo antecedente urbanístico de Piedecuesta y los cuestionamientos ciudadanos en torno a la incorporación de terrenos al suelo urbanizable, como ocurrió con el sector donde hoy se encuentra construida La Vega de San Roque. Su incorporación, realizada mediante un plan parcial de ordenamiento territorial en 2020, cuando el hoy representante a la Cámara ejercía como alcalde del municipio garrotero, ha sido objeto de controversia, entre otras razones, porque el predio no contaba con disponibilidad de redes de alcantarillado y, seis años después, continúa sin disponer de ellas.

Esta decisión que, según los cuestionamientos formulados por la comunidad, terminó favoreciendo los intereses de una constructora privada y afectando a cerca de 1.600 familias que adquirieron sus viviendas en este sector. Estos antecedentes demuestran que las decisiones relacionadas con la enajenación del patrimonio inmobiliario público y las posteriores intervenciones sobre el ordenamiento territorial pueden producir consecuencias económicas y sociales que se prolongan durante décadas, en perjuicio del interés común de los municipios, especialmente cuando terminan favoreciendo intereses particulares en detrimento del interés colectivo.

Santander necesita inversión educativa, pero no a costa de desmantelar su patrimonio. Antes de vender lotes públicos, la Asamblea y el gobernador deberían analizar con lupa esta propuesta y, como alternativa, exigir una adecuada trazabilidad de los recursos actuales de los municipios, así como auditorías profundas sobre los ingresos corrientes y los gastos de cada entidad territorial, tomando como referencia los recientes hallazgos sobre el municipio de Piedecuesta. Vender un activo público es una decisión prácticamente irreversible; identificar posibles fugas de recursos y corregirlas es una alternativa que merece ser contemplada. Si la educación necesita más recursos, antes de vender el patrimonio público habrá que responder una pregunta elemental: ¿dónde se está perdiendo el dinero que ya existe en las arcas municipales?