Tribunal abre nuevo desacato contra MinAmbiente por incumplimientos en la delimitación del Páramo
Resumen
La Ministra de Ambiente Irene Vélez enfrenta un incidente de desacato por incumplimiento en la delimitación del Páramo de Santurbán, ordenado en 2017. El Tribunal de Santander destaca retrasos y falta de recursos, infringiendo la sentencia T361 de la Corte Constitucional.
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Como sucedió en los casos de las ex ministras de ambiente Lena Estrada y Susana Muhamad, el Tribunal Administrativo de Santander abrió un nuevo incidente de desacato contra la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, por el reiterado incumplimiento en la delimitación del Páramo de Santurbán, ordenada por la Corte en 2017, y que a la fecha ya completa más de ocho años de negligencias y retrasos.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Según el auto expedido por la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, al asumir su nuevo cargo, la Ministra (e), Irene Vélez, deberá responder por los incumplimientos y faltas cometidas por las ex ministras Muhamad y Estrada respectivamente, entre los que se resaltan el incumplimiento del cronograma (solo se habían realizado 6 de las 31 mesas de trabajo programadas con las comunidades afectadas), no se han priorizado los recursos necesarios para cumplir con la Delimitación, y solo se ha concertado la “línea de páramo” con 8 de los más de 30 municipios implicados en este proceso.
El Tribunal advierte que, para el caso de Santurbán, el proceso debe cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T361 – 2017, la cual estipula un amplio procedimiento de concertación y participación con las comunidades afectadas, siempre con el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías municipales, y otros órganos de control y veeduría.
Según indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y vinculada en el proceso, “es inaudito que llevemos 8 años esperando la delimitación del páramo por culpa de la negligencia y falta de voluntad política de diferentes gobiernos, en especial el actual del presidente Gustavo Petro, que en vez de cumplirle a la Corte se dedicó a firmar a las carreras una resolución de Zona de Reserva inconsulta e ilegal, que violó nuestro derecho a la participación, y nos condenó a más de 35 ml personas de 7 municipios de Santander a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento”.
Indolencia flagrante
La líder social, junto a diferentes organizaciones de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga, aseguró que “el dolo de los funcionarios públicos en este proceso ha sido evidente. Mientras la exministra Muhamad se afanaba en firmar la ilegal e inconsulta resolución de Zona de Reserva Temporal disque para proteger el Páramo, el verdadero mandato judicial de la Corte Constitucional que le ordenaba delimitarlo para proteger realmente Santurbán quedó completamente desatendido. Lo peor es que la norma que sacaron abarca más de 75 mil hectáreas por fuera del Páramo de Santurbán, sin estudios técnicos ni soportes legales, todo para poder hacer campaña política con el Páramo, mientras nosotros sufrimos las consecuencias”.
En Audiencia pública, Procuraduría y Defensoría pidieron desacato contra MinAmbiente y suspensión de la zona de reserva
Vale recordar que el pasado 2 de julio, en una Audiencia de Seguimiento a la delimitación del Páramo de Santurbán, realizada por el mismo Tribunal de Santander, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo respaldaron las solicitudes de los 6 alcaldes de la provincia de Soto Norte y las comunidades de esa región, para que se adelante una medida de desacato contra la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en dicho momento era Lena Estrada, por el reiterado y sistemático incumplimiento en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán.
Ante el Tribunal, la Procuraduría indicó que el Ministerio de Ambiente en vez de concertar con las comunidades y cumplir con lo establecido por la Corte, ha agravado la situación con sus incumplimientos, y con la expedición de nuevas normativas “sin cumplir con la participación ciudadana", como la Resolución 0221 de 2025 que declaró una zona de reserva forestal generando graves afectaciones económicas, sociales y culturales, especialmente a pequeños agricultores y mineros ancestrales.
Defensoría pide cumplir
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, aseguró que el Ministerio de Ambiente “no puede desconocer los acuerdos de delimitación ya concertados con municipios como Vetas, California y Suratá, pues hacerlo constituiría una violación al Acuerdo de Escazú”.
Además, la Defensoría reiteró su solicitud de suspender la resolución que declaró la zona de reserva forestal y denunció que, desde hace más de tres meses, solicitó formalmente al Ministerio de Ambiente los soportes técnicos y jurídicos que sustentan esa decisión, sin recibir respuesta alguna.
Los habitantes de Soto Norte exigieron a la ministra Irene Vélez que no dilate más el proceso, finalice la delimitación antes e que se acabe este Gobierno, ratifique los acuerdos alcanzados, según lo estipulado por la Corte Constitucional, entre las comunidades municipios como Vetas, Suratá y California con el Estado Colombiano.
En el marco del proceso, el Tribunal ha requerido a la nueva Ministra, Irene Vélez, para que en un plazo de cinco días justifique las razones de los incumplimientos y las acciones que tomará para cumplir con las órdenes judiciales establecidas, pues, como se ha dicho en autos anteriores a este, desatender la Sentencia T-361 de 2017 implica un desconocimiento de su carácter vinculante y coercitivo, lo que podría derivar en sanciones económicas que recaerían sobre el patrimonio personal de la ministra Vélez, según lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.