Resumen
Aldair Arrieta Olivar, alias Cicatriz, ha sido presentado ante un juez como presunto responsable del asesinato de la líder social Yoli María Toloza Cardoza en Santander. La Organización Femenina Popular exige justicia y seguridad para los líderes locales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) llevó ante un juez de control de garantías a Aldair Arrieta Olivar, conocido como alias Cicatriz, como presunto responsable del homicidio de Yoli María Toloza Cardoza, líder social de 52 años de edad en Puerto Wilches, Santander, ocurrido el 27 de junio pasado.
Yoli María Toloza Cardoza, coordinadora de la Organización Femenina Popular (OFP) en Puerto Wilches, fue víctima de un ataque armado perpetrado por hombres que ingresaron a su residencia y le dispararon. Se sospecha que entre los agresores se encontraba alias Cicatriz, quien aparentemente huyó del lugar acompañado de otra persona.
Arrieta Olivar fue capturado en Barrancabermeja (Santander) en una operación conjunta de la Fiscalía, el Gaula Militar de Santander y la Policía Nacional. En la audiencia, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, cargos que no aceptó.
Ante la solicitud del fiscal, el juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario para el procesado.
La OFP, consternada por el asesinato de Yoli María Toloza Cardoza, ha denunciado el hecho y resaltado su labor como parte del equipo coordinador de la organización durante más de una década. Reconocida por su entrega en la defensa de los derechos de las mujeres en Puerto Wilches y el Magdalena Medio, la líder social fue descrita como una figura indispensable en la comunidad.
En un comunicado, la OFP ha exigido al gobierno nacional y a las autoridades competentes una respuesta inmediata y justicia frente a este crimen atroz, además de garantías de seguridad para proteger a las lideresas, defensoras de derechos humanos y la población civil en general en la región afectada por el conflicto armado.
