Avanza iniciativa de congresista santandereano para crear nuevo programa de vivienda

La iniciativa radicada por el congresista santandereano, Diego Fran Ariza, propone destinar un porcentaje del impuesto predial a construcción, mejoramiento y reconstrucción de vivienda, sin crear nuevos impuestos. “Mi Techo, Mi Derecho” plantea un círculo virtuoso: vivienda, nuevos propietarios, mayor capacidad de recaudo territorial y activación de una cadena productiva muy amplia casa propia a los colombianos.

El sueño de tener casa propia todavía está lejos de ser una realidad para una parte importante del país: el 25,6% de los hogares colombianos se encontraba en déficit habitacional en 2025, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A esta realidad se suma una dificultad estructural nacional. Mientras sectores como salud, educación, deporte, cultura y adulto mayor cuentan con fuentes permanentes de financiación, el sector vivienda no tiene un mecanismo equivalente que permita garantizar recursos de manera permanente para atender esta necesidad.

“No podemos seguir permitiendo que los colombianos no tengan derecho a una vivienda digna. Con esta iniciativa planteamos que una parte de los recursos que los municipios ya recaudan a través del impuesto predial pueda convertirse en vivienda digna, vivienda nueva, mejoramiento, reconstrucción, reasentamiento, titulación y gestión de suelo seguro en cada territorio”, destacó Ariza Pérez.

De acuerdo con el congresista, el problema no está únicamente en construir una vivienda o mejorar la que ya existe. Para muchos municipios, especialmente los de cuarta, quinta y sexta categoría, el primer obstáculo aparece mucho antes de poner la primera piedra, ya que no cuentan con recursos suficientes para financiar estudios, diseños y consultorías necesarios para estructurar y viabilizar proyectos habitacionales.

Por eso, la propuesta articula la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna con la autonomía de los municipios para administrar sus recursos y responder a las necesidades de sus comunidades.

“El proyecto incorpora un principio de solidaridad territorial, al plantear mecanismos de concurrencia nacional para municipios con menor recaudo predial y mayores necesidades habitacionales, así como una activación especial en territorios donde exista una calamidad declarada”, agregó el representante a la Cámara.

Lo que el congresista persigue es que más viviendas significarán más soluciones para las comunidades con recursos propios, más propietarios, es decir, una mayor base de contribuyentes del impuesto predial y, progresivamente, un mayor recaudo para los mismos territorios. Es decir, más recursos para seguir invirtiendo en vivienda.

La ejecución de estas obras activará una cadena productiva amplia que involucra construcción, mano de obra, materiales, transporte, comercio, servicios financieros, actividades inmobiliarias, instalaciones y equipamiento del hogar. De acuerdo con el representante a la Cámara, Diego Fran Ariza, las cifras incorporadas en la propuesta estiman que por cada $1 billón invertido en vivienda se podrían generar 17.233 empleos en mejoramientos y 17.113 en vivienda nueva, mostrando el potencial de este sector para dinamizar la economía