Petro habría botado a la basura $1.600 millones en Santander con reforma a un motel para convertirlo en casa universitaria

La transformación de un antiguo motel de Bucaramanga en residencias universitarias para jóvenes de escasos recursos terminó convertida en una costosa controversia patrimonial. La Universidad Industrial de Santander (UIS) deberá restituir el inmueble después de que una decisión judicial de primera instancia ordenara devolverlo a su propietario original. La inversión de $1.600 millones en adecuaciones queda bajo el foco de los cuestionamientos: ¿por qué se destinaron recursos públicos a un predio cuya situación jurídica estaba en disputa?

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Lo que se presentó como una apuesta por la educación y el bienestar estudiantil amenaza con convertirse en un doloroso capítulo de la gestión de los bienes públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Más de $1.600 millones invertidos por parte de la UIS y el gobierno nacional en transformar un antiguo motel de Bucaramanga en una residencia universitaria podrían quedar comprometidos por una decisión judicial que obliga a devolver el inmueble a su dueño original.

¿Cómo se autorizó la adecuación de un predio para atender una necesidad social tan importante sin tener garantizada su disponibilidad jurídica a largo plazo? Esa es la pregunta que gira en torno a la controversia que también involucra a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que entregó el inmueble a la Universidad Industrial de Santander en 2024, y a la propia UIS, que ejecutó las adecuaciones para convertir el establecimiento en alojamiento para estudiantes de escasos recursos provenientes de diferentes municipios de Santander y otras regiones del país.

Bajo la figura jurídica de comodato por 5 años, la universidad puso en marcha la transformación del antiguo motel en residencias universitarias, con espacios acondicionados para brindar alojamiento y mejores condiciones de permanencia académica a jóvenes que enfrentan dificultades económicas para estudiar lejos de sus hogares.

Sin embargo, según Julián Ascanio, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes y consejero de Juventud de Girón, desde antes de ejecutar el proyecto se habían advertido los riesgos de invertir los $1.600 millones en un predio que estaba involucrado en un litigio civil.

La advertencia cobra especial relevancia después de que el Tribunal Superior de Medellín ordenara, en una decisión de primera instancia reportada por el medio, restituir el inmueble a su propietario original.

“Se firmó un contrato por cinco años teniendo presente que la inversión efectuada por la UIS iba a usar el espacio de forma permanente; cuando se cumpliera ese tiempo iban a extender el comodato, pero por una decisión del Tribunal Superior de Medellín se ordenó la devolución a su propietario original”, afirmó Ascanio, según la publicación.

El desenlace pone en entredicho la gestión del riesgo jurídico y patrimonial que debió anteceder a la inversión. Aunque el proyecto respondió a una necesidad social evidente, la pregunta es si se evaluaron suficientemente las consecuencias de destinar recursos públicos a un inmueble cuya permanencia bajo control estatal no estaba asegurada.

La cifra que concentra la indignación es contundente: $1.600 millones destinados a adecuar el inmueble. Si la UIS pierde la posibilidad de utilizar las instalaciones y las inversiones no pueden recuperarse ni aprovecharse en otro lugar, el patrimonio público podría sufrir un perjuicio considerable.

El Acuerdo 063, analizado durante una sesión reciente del Consejo Superior de la UIS en Málaga, expuso la dimensión del problema que ahora enfrenta la institución. Según el documento, en agosto de 2026 la SAE notificó a la universidad la terminación del comodato y solicitó la restitución del inmueble. La decisión generó una contingencia para garantizar el alojamiento de los beneficiarios, entre quienes hay menores de edad, personas con discapacidad y jóvenes provenientes de regiones de difícil acceso.

La UIS quedó así ante una doble obligación: responder por la inversión ejecutada y evitar que decenas de estudiantes pierdan las condiciones de alojamiento que les permiten permanecer en la universidad.

Ante la pérdida del inmueble, la universidad plantea adquirir una nueva propiedad perteneciente a la Congregación de Religiosas Franciscanas de María Inmaculada, ubicada en la calle 24 con carrera 22, en el barrio Alarcón de Bucaramanga.

La propuesta busca garantizar una solución más estable para el servicio de residencias universitarias, evitar la dispersión de los estudiantes y reducir el riesgo de deserción académica.

Sin embargo, conseguir otro inmueble también implica nuevos esfuerzos financieros y administrativos. La universidad tendrá que resolver la contingencia habitacional sin perder de vista la necesidad de esclarecer qué sucederá con los recursos invertidos en el antiguo motel.