¿Calmar la sed de los habitantes o cuidar el medio ambiente? La encrucijada por la que irá a juicio el Alcalde de Barichara

El mandatario Milton Edilson Chaparro Jiménez es investigado por la presunta captación de agua de la fuente La Chorrera, en un predio privado, durante la emergencia por desabastecimiento de 2024. El organismo de control busca establecer si se utilizó el recurso sin los permisos ambientales requeridos y pese a una posible medida preventiva de la CAS.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La emergencia por falta de agua potable que afrontó Barichara en 2024 ahora tiene un nuevo capítulo en los organismos de control. Esta semana, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos y llamó a juicio disciplinario al alcalde del municipio, Milton Edilson Chaparro Jiménez, por posibles irregularidades en la captación y utilización del recurso hídrico durante la calamidad pública declarada por el desabastecimiento.

De acuerdo con el informe divulgado por el Ministerio Público, la investigación busca determinar si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente conocida como La Chorrera, ubicada en el predio Lote 4, en la vereda Santa Helena, de propiedad de un particular, fuente que, según la denuncia, habría sido cobijada con una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

Precisamente, la indagación disciplinaria busca establecer si el suministro se autorizó sin contar con la respectiva concesión de aguas y el permiso o la autorización ambiental exigida por la autoridad competente.

Para entender el origen del caso es necesario regresar a enero de 2024, cuando las altas temperaturas y la disminución de las fuentes hídricas pusieron en aprietos el abastecimiento de agua en Barichara.

Entonces, la Alcaldía declaró la calamidad pública mediante el Decreto 009 del 3 de enero de ese año, con el propósito de atender una emergencia que afectaba tanto a los habitantes como a la actividad turística del municipio.

La Gobernación de Santander informó que el acueducto municipal no tenía capacidad suficiente para responder al consumo, agravado por las altas temperaturas y la llegada de visitantes durante la temporada festiva. Como parte de la respuesta, se coordinaron carrotanques, apoyo de organismos de socorro y medidas para mejorar el suministro.

La situación continuó durante los meses siguientes. En abril de 2024, se registraron racionamientos de hasta 18 horas diarias y una reducción de los niveles de la represa El Común, una de las fuentes que abastecen a Barichara y otros municipios de la zona.

En medio de esa urgencia, la fuente La Chorrera adquirió relevancia por su relación con el abastecimiento de agua de la población. Sin embargo, las actuaciones que rodearon su utilización y las condiciones ambientales del predio terminaron bajo la lupa de las autoridades.

La advertencia ambiental de la CAS

El 23 de abril de 2024, la CAS hizo pública una explicación sobre las actuaciones adelantadas en el predio Lote 4, luego de recibir una queja anónima en febrero de ese año. Según la corporación, durante una inspección ocular se identificaron intervenciones que incluían tala de especies arbóreas, excavaciones con maquinaria amarilla, descapote y movimiento de tierra. También reportó trabajos dentro del cauce de una corriente hídrica y afectaciones en la franja forestal protectora.

La entidad indicó, además, que no encontró en sus registros una solicitud de aprovechamiento forestal para el predio. En su comunicado también mencionó la existencia de un jagüey que suministraba agua al municipio.

Estos antecedentes son relevantes para la investigación disciplinaria, pues la Procuraduría busca establecer si la administración municipal permitió utilizar el recurso pese a las restricciones ambientales que presuntamente pesaban sobre la fuente y sin las autorizaciones correspondientes.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una dificultad estructural de Barichara: la vulnerabilidad de su abastecimiento de agua durante las temporadas secas y la necesidad de garantizar soluciones que respondan a las necesidades de la población sin desconocer los procedimientos legales ni las obligaciones de protección ambiental.

La prioridad de suministrar agua a una comunidad en emergencia y el deber de proteger las fuentes hídricas deben cumplirse dentro del marco normativo. Determinar si la administración municipal respetó ese equilibrio será uno de los puntos centrales del proceso disciplinario.