Este sería el origen de la ira de Matador: está bajo la lupa de la Fiscalía por contratos con el Gobierno Petro

El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, enfrenta cuestionamientos por contratos financiados con recursos públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Una de las líneas de investigación apunta a un convenio de $257 millones con el Fondo Colombia en Paz, mientras que otras denuncias se refieren a presuntos pagos a través de subcontrataciones con RTVC.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La confrontación entre el caricaturista Julio César González, Matador, y el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene un trasfondo que va más allá de las diferencias ideológicas y las controversias que el dibujante ha protagonizado en redes sociales. En el centro de la discusión aparecen los contratos que habría recibido durante la administración de Gustavo Petro y las preguntas sobre la independencia de un creador que ha mantenido una posición crítica frente a sectores de la oposición.

Uno de los asuntos que ahora despierta interés judicial es un contrato por $257 millones suscrito en 2023 con el Fondo Colombia en Paz, cuyo objeto estaba relacionado con la divulgación de la implementación del Acuerdo de Paz mediante caricaturas y piezas gráficas. La Fiscalía General de la Nación abrió una línea de investigación para verificar cómo se ejecutaron los recursos y si se cumplieron las obligaciones pactadas.

El contrato tenía una duración de 12 meses y contemplaba pagos mensuales cercanos a los $21,4 millones. La revisión busca establecer qué productos se entregaron, qué actividades se desarrollaron y si los resultados correspondieron a lo establecido en el acuerdo contractual.

La investigación no significa que Matador haya cometido un delito. Será necesario examinar los documentos, los soportes de ejecución y las demás pruebas para determinar si existieron irregularidades.

A esta controversia se suman denuncias divulgadas por dirigentes de la oposición, según las cuales el caricaturista habría recibido recursos públicos por su trabajo como asesor de contenidos audiovisuales y creativos, mediante una cadena de contratación que involucraría a RTVC y a la cooperativa Soluciones de Audio y Video, identificada en las denuncias como SAVI.

En esas declaraciones, originadas desde el hoy representante a la Cámara Daniel Briceño, se sostiene que la Presidencia habría destinado recursos para la producción de contenidos audiovisuales y que, posteriormente, RTVC habría contratado servicios con dicha cooperativa, que a su vez habría vinculado a diferentes personas. Dentro de ese esquema se ubicarían los presuntos pagos a González.

Los denunciantes han mencionado ingresos mensuales cercanos a los $16 millones y contratos acumulados de la cooperativa por aproximadamente $21.000 millones con RTVC. Sin embargo, estas cifras y la supuesta relación contractual específica con Matador deben contrastarse con los contratos, sus anexos, los registros de pagos y las respuestas de las entidades involucradas.

El caso plantea, en últimas, una pregunta que trasciende a Matador y a sus adversarios: ¿cómo garantizar que los contratos estatales de comunicación se ejecuten con transparencia, produzcan los resultados acordados y no se conviertan en instrumentos de propaganda partidista?