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El Carrasco: vienen 4 años más de calamidad pública y desobediencia a los fallos judiciales

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Resumen

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A pesar de que el mandatario saliente de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, defiende la tesis de que El Carrasco podría tener capacidad para 10 años más de vida útil, un juez de la República desechó de tajó esa posibilidad y con la imposición de una millonaria multa (conmutable con tiempo en prisión por si acaso alguno de los afectados quisiera engrosar las penosas cifras de hacinamiento) ordenó cumplir con la sentencia que ordena el cierre inmediato de complejo de disposición final, donde se vierten diariamente mil cien toneladas de residuos sólidos provenientes de siete municipios aledaños al Área Metropolitana de Bucaramanga..

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

La multa ordenada por el juez es de 50 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalente a 65 millones 30 mil 300 pesos y a ella se encuentran vinculados en calidad de afectados no solo el mandatario bumangués sino también Yulia Moraima Rodríguez (quien solo está obligada a pagar 6 millones de pesos), como Alcaldesa del municipio de Girón; Miguel Ángel Moreno Suárez como Alcalde del municipio de Floridablanca; Mario José Carvajal Jaimes en calidad de Alcalde del municipio de Piedecuesta; Rubén Darío Villabona Pérez como Alcalde del municipio de Rionegro; Genny Gamboa Guerrero como Alcaldesa del municipio de California; Cesar Armando Lozada Durán como Alcalde del municipio de Matanza; y Helberth Panqueva en su calidad de Gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. – EMAB, contra quienes el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial De Bucaramanga, ordenó además compulsa de copias a la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría para que investigue y sancione si es el caso.

El caso es fácil de entender, en este punto todo se trata de la desatención de un fallo judicial. Pero comprenderlo, eso sí es un poquito más complicado si se tiene en cuenta que el fallo que provocó el desacato ordenó no solo el cierre inmediato de El Carrasco sino también encontrar un sitio nuevo para tal fin.

Ahí está el quiz del asunto pues el lugar, a pesar de haber tanta tierra disponible a los alrededores, ha sido imposible determinarlo por múltiples causas, como la oposición de las comunidades, el supuesto daño a economías campesinas o ganaderas, la preservación de ecosistemas, el aumento de los costos de la operación. En fin, todo un rosario de factores. Y a esto se le añade una variable crucial: mientras que nadie quiere de vecino un botadero de basura, todos siguen generando basura.

La calamidad Pública

Ante esta problemática, el Alcalde de Bucaramanga halló un mecanismo para no permitir que la ciudadanía de Bucaramanga nade en sus propios desechos. Hablamos de la dichosa Declaratoria de Calamidad Pública, mediante la cual Cárdenas ha logrado consecutivamente, casi que a lo largo de los cuatro años de su periodo como mandatario local, extender la vida útil de El Carrasco.

La última se firmó la primera semana de diciembre, luego de que un Consejo Municipal de Gestion de Riesgo determinó que la medida era la única estrategia a la vista para evitar una crisis de salud pública en la región.

“Esta declaratoria tiene como objetivo dejar a la nueva administración un margen de tiempo para que marquen la línea que van a seguir. Lo que podemos decir es que el relleno seguirá operando normal, sin contratiempos por estos 6 meses más”, indicó el pasado 4 de diciembre Helbert Panqueva, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), declaración que traducida al lenguaje callejero dice: que otro lidie con el chicharrón.

El inicio de el Proceso

El tema de El Carrasco no es nuevo para la ciudad, desde el año 2008, ósea hace 15 años, la entonces Defensora Regional del Pueblo, Ana Felicia Barajas, avizoró lo que se le venía a la ciudad en el tema de basuras y fue precisamente la que ordenó por primera vez en la historia ordenar el cierre del espacio debido a las graves afectaciones ciudadanas que estaba generando en la comunidad aledaña.

Los inconformismos se convirtieron más tarde en un expediente jurídico que un año más tarde falló el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en Sentencia del 01 de marzo de 2009, en favor de la ciudadanía.

Efectivamente, dentro de la sentencia el tribunal declaró vulnerados los derechos e intereses colectivos del goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, ordenó la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.

Por otra parte, propendió a las administraciones intervinientes a velar por la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; los derechos de los consumidores y usuarios”.

Esa parte resolutiva, es la que precisamente hoy, 15 años después, termina en el incidente de desacato contra los ya referidos arriba.

10 años más, sí se puede

La tesis de la administración local y del concejo de Gestión de Riesgo es que el Relleno puede operar 10 años más, y para ese fin, se ha modernizado la planta de lixiviados y la planta para logra la purificación del agua de riego para las plantas y la limpieza de los espacios públicos del relleno.

Respecto a la generación de gases derivados de la descomposición del material orgánico (porcentaje de descomposición de 60%), se construyeron nuevas chimeneas que realizan la quema de los desechos tóxicos y permiten la reducción de hasta 24 veces la emisión de gases de efecto invernadero al medio ambiente, con lo cual la administración local sostiene que se han superado los factores que provocaron la demanda.

Entonces, ¿si desaparecieron las amenazas a la comunidad porqué no desaparecer el riesgo jurídico? Con esa pregunta la administración local pretende revertir los fallos judiciales, sin embargo, esa es tarea imposible porque en esta materia ya hay cosa juzgada, y por lo tanto a la administración no que queda otra alternativa que empacar, apagar luces y salir.

Hay que ser claros: la cosa no será fácil y muy seguramente los mandatarios entrantes tendrán que recurrir a la misma declaratoria de calamidad pública para evitar que la ciudadanía camine entre su propia peste. Y mientras tanto, será pagar la multa y mirar para otro lado.

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