Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La situación de seguridad al interior de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) es mucho más grave que lo que pudo suponerse. Resulta que un reciente informe revelado por el Inpec indica que en todo el país existen denuncias de que habrían más de mil reportes de guardianes amenazados en los penales de todo el territorio nacional, incluso en Santander donde el penal de máxima y mediana seguridad de Palogordo y la Cárcel La Modelo de Bucaramanga concentran el mayor número de casos para el departamento.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Entre los casos de mayor relevancia se encuentra el del sargento Eleasid Durán Sánchez, director de la Cárcel de Palogordo, quien solo hasta esta semana recibió el visto bueno del gobierno nacional para contar con un equipo de seguridad que incluye carro blindado y dos escoltas, luego de seis meses de permanecer bajo constantes amenazas por parte de personal privado de la libertad, quienes se habrían manifestado en desacuerdo por una serie de operativos de control que habría ordenado el directivo de manera reciente en el penal.
Entre los aspectos más graves del informe se encuentra, por ejemplo, que la recopilación de denuncias efectuadas por la guardia vienen recopilándose desde el año 2019 hasta la fecha, sin que por el momento las autoridades gubernamentales ni la Unidad Nacional de Protección hayan emitido resoluciones de protección para los uniformados.
En este contexto, la Procuraduría General de la Nación requirió a la Unidad Nacional de Protección, UNP, el listado actualizado de los funcionarios del Inpec, amenazados por grupos criminales, que se encuentran en proceso para recibir medidas de protección.
La solicitud, firmada por el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se hace luego del reciente asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá y tras conocer una nueva denuncia hecha por el director de la cárcel de Girón, Santander, sobre amenazas de muerte en su contra.
Entre los documentos requeridos están, copia de la solicitud de protección elevadas por el Inpec cuando se conocieron las amenazas contra el director de la Modelo, así como el listado de otros funcionarios que han solicitado dar inicio a la ruta de protección entre 2023 y 2024 y cuántas de esas solicitudes reunieron los requisitos exigidos.
También si en alguna de estas peticiones se han implementado medidas de protección por trámite de emergencia, si se han otorgado producto de órdenes judiciales y qué gestiones ha adelantado la UNP en dicho sentido luego de que el INPEC decretara la emergencia carcelaria en febrero pasado.
Con la información recaudada, la Procuraduría General de la Nación evaluará las medidas preventivas y disciplinarias necesarias para enfrentar esta nueva crisis de seguridad.
