Resumen
Documentos recién revelados evidencian que el presidente colombiano Gustavo Petro fue condenado por porte ilegal de armas durante su tiempo como miembro del M-19.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La revista Semana ha obtenido documentos que revelan que el presidente, Gustavo Petro, sí fue condenado por porte ilegal de armas durante su tiempo como miembro del M-19. Estos documentos, que hasta ahora no habían salido a la luz, incluyen una boleta de captura y un acta de detención fechadas el 25 de octubre de 1985 en el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá. Además, un folio muestra que Petro recibió una reducción de pena y fue liberado el 5 de febrero de 1987.
Los documentos confirman la condena de Petro, aunque no se tenga registro del fallo condenatorio. El folio que indica su liberación menciona que esta se debió a "pena cumplida" después de que se le otorgara una rebaja de pena basada en la Resolución No. 018.
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El presidente Gustavo Petro fue condenado por violar el Decreto 1056 de 1984, emitido durante el estado de sitio, que permitía que civiles fueran juzgados por militares. El decreto sancionaba la fabricación, almacenamiento, distribución, venta, transporte, suministro, adquisición, reparación o porte de armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos sin permiso de autoridad competente.
La captura de Petro ocurrió en octubre de 1985 en Zipaquirá, y fue condenado junto con otras ocho personas, lo que duplicó su pena según lo estipulado en el decreto. Carlos Alonso Lucio, exmiembro del M-19, señaló que en ese momento estaban en negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur, pero la ruptura de esas conversaciones llevó a la captura de Petro.
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Conforme al informe, el presidente Petro fue aprehendido alrededor del mediodía en la residencia de una mujer identificada como Ana Sofía Murcia. En ese lugar, se descubrió la presencia de un túnel en el cual Gustavo Petro se ocultaba junto a otros dos individuos, nombrados Luis Alberto López y Héctor Alirio Borsón.
A pesar de la condena, la Constitución de 1991, que eliminó el estado de sitio, hizo que los procesos basados en este perdieran validez jurídica, incluida la condena de Petro. Además, el delito por el cual fue condenado se considera conexo a la rebelión, que es un delito político.
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