La parábola de Flor María, de la dirección de las CAS a una prisión

A la exdirectiva de la CAS no solo le quitaron su libertad, también sus bienes

Una vez emitida la sentencia, recientemente el mismo estrado judicial emitió la sentencia contra Rangel, con la cual también fue afectado Héctor Murillo, ambos en su calidad de exdirectores de la CAS, así como también contra Óscar Pereira Rodríguez, subdirector de Gestión Ambiental de la corporación, y supervisor del contrato.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil fue el tribunal que emitió sentido de fallo condenatorio contra Flor María Rangel, exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, tras comprobarse irregularidades en la ejecución de un contrato para reforestación en una zona ambientalmente protegida de Santander.

El proceso penal en contra de Rangel inició a raíz de varias alertas hechas por la Contraloría General de la República, las cuales fueron detenidamente observadas por la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalíala cual constató  las irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato suscrito en 2011, entre la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Unión Temporal Barrancabermeja, con el fin de reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales.

En las indagaciones se constató un supuesto detrimento de 3.400 millones de pesos, que correspondería al valor de la contratación, por lo que en diciembre de 2016 fueron capturados y judicializados la entonces directora de la CAS, Flor María Rangel; el exdirector de la entidad, Héctor Murillo; el exdirector (e) de la entidad en 2011, Élber Ardila; y Óscar Pereira, ex subdirector de Gestión Ambiental de la CAS.

Estos cuatro exfuncionarios fueron imputados en su momento por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad en documento privado, conductas por las que fueron condenados recientemente a 8 años de prisión y el pago de millonarias multas.

Los tres exfuncionarios de la CAS fueron condenados en primera instancia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Además de las acciones penales contra los condenados, 11 inmuebles fueron afectados por la Fiscalía General de la Nación con medidas cautelares, pertenecientes a la exdirectora Flor María Rangel, y otros exfuncionarios procesados por supuestas irregularidades de contratación en la entidad.

“En el curso del proceso penal que la Fiscalía General de la Nación sigue contra exdirectivos y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), fueron obtenidas evidencias que pusieron al descubierto el patrimonio que los investigados habrían constituido mientras se presentaron supuestas irregularidades de contratación en la entidad o con dineros producto del presunto actuar ilícito”, indicó el ente investigador.