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Mineros de California piden investigar irregularidades del gobierno en reunión de concertación del Páramo

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Resumen

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Los mineros artesanales de Santander ubicado en la Provincia de Soto radicaron una queja disciplinaria contra funcionarios del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de California (Santander) por, presuntamente, excluirlos del proceso de delimitación participativa del páramo de Santurbán.

De acuerdo con las manifestaciones que realizaron a EL FRENTE, aseguraron que durante una parte significativa del proceso no fueron citados a algunas de las reuniones y que a otras se les imposibilitó el acceso a los recintos debido a que activistas del Área Metropolitana movilizaron personal para ocupar las sillas disponibles y llenar los recintos.

La mas reciente de estas reuniones ocurrió el pasado 5 de diciembre donde la comunidad y los mineros artesanales de California se dieron cita para ultimar detalles de la delimitación, sin embargo, muchos no pudieron ingresar y quienes reclamaron aseguraron a esta casa editorial que fueron agredidos física y verbalmente por parte de personas que formaban parte del comité organizador, precisamente por manifestar sus diferencias sobre el proceso.

Uno de los denunciantes fue Fabio Maldonado, representante del Gran Pacto Social (GPS) y de Calimineros, una mayor agremiación de mineros artesanales formalizados en Santander, quien agregó que tampoco hubo coherencia sobre las actas finales dilas reuniones más recientes, por lo que temen que hayan sido modificadas deliberadamente hasta el momento con motivos inciertos.

Entre los funcionarios relacionados en la denuncia, la cual fue radicada en la Procuraduría General de la Nación, se encuentran Sandra Yolima Esguerra, Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental (E) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Jennifer Insuasty, funcionaria o contratista de ese ministerio; Geny Gamboa, saliente alcaldesa de California, y quien valga recordarlo tiene un proceso vigente en el ente disciplinario por no acatar las directrices de las autoridades ambientales regionales para que se frenara la contaminación con Mercurio que por varios meses de su gobierno perjudicó el Río Suratá, principal afluente que alimenta las bocatomas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb).

Su esposo, Víctor Arias, y quien se desempeña como gestor social del municipio, también fue incluido en la lista, en la que también fueron mencionados Steven Gómez Giraldo, funcionario o contratista del Ministerio de Minas y Energía; Ana Alicia Zapata, funcionaria o contratista de la Agencia Nacional de Minería; Gloria Angulo, funcionaria o contratista de la Defensoría del Pueblo; Henry Delgado, Personero Municipal de California; y Ricardo Villalba, funcionario de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Hubo irregularidades que

piden investigar en la reunión

“La reunión a la que se hace referencia fue celebrada el pasado 5 de diciembre de 2023, en el marco del proceso de delimitación participativa del páramo de Santurbán ordenada por la Sentencia T-361 de 2017, con el objeto, de realizar un taller en materia de formalización minera. Resulta que el aviso de convocatoria fue enviada solamente a un grupo de mineros del municipio y con ello se impidió y restringió la libre asistencia de la comunidad, manifestando que era un taller solo de interés de los mineros informales”, indicó Maldonado, quien tendría certeza de que se habría manipulado el desarrollo de la audiencia y lo consignado en el acta para hacerlos ver como el escenario y el resultado de acuerdos entre el Gobierno Nacional y toda la comunidad californiana, cuando ello no fue así.

“Varias personas dentro de la reunión que actuaban bajo las indicaciones del señor Víctor Arias, esposo de la Alcaldesa y Gestor Social del municipio, agredieron verbal y físicamente a quienes se manifestaron en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en la reunión y los intimidaron para que se retiraran del recinto y direccionaron los temas única y exclusivamente a los asuntos que eran de su interés y en franco el abuso de poder, además elaboraron y firmaron un acta en la que consignaron falsedades pues incluyeron en ella asuntos que no se discutieron en la reunión y quieren dejar por sentado que hubo un consenso con la comunidad respecto a lo que en ella se consigna, a pesar de que impidieron la libertad de expresión y a que nunca dieron lectura al acta ni la sometieron a aprobación de los asistentes, anexando como sustento solamente la hoja de registro de asistencia a la reunión, para inducir a error y hacer creer que los asistentes estuvieron de acuerdo con su contenido y que hubo un consenso con la comunidad, lo cual no es cierto.

Otra de las presuntas irregularidades que hubo en la reunión fue que desde que se inició la etapa de concertación que ordena la Corte Constitucional se llegó al acuerdo de que las reuniones deberían ser presididas por un mediador externo.

En este caso, fue designado por la Cámara de Comercio de Bogotá el señor Octavio Guerra cuyo papel debe desempeñarse en aras en la objetividad, como garante de tr4asnparencia. Sin embargo, el mediador no fue convocado.

Por estas razones, pidieron a la Procuraduría General de la Nación intervenir y que se investiguen las denuncias: “Consideramos que es un engaño de las instituciones públicas que le hagan firmar a los que se hicieron presentes una hoja de registro de asistencia, para luego decir que el acta fue avalada por tales personas, debido a que una cosa es acudir a una reunión y otra muy distinta es aprobar lo que en ella se haya discutido”, expresaron.

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