Resumen
La situación ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad en los procesos de nombramiento de altos funcionarios del Gobierno.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, en relación con el nombramiento del embajador Álvaro Moisés Ninco Daza en México.
Según la Procuraduría, Luna y Manrique Soacha habrían recomendado al presidente, Gustavo Petro, la designación de Ninco Daza como embajador, a pesar de que este último no contaba con la experiencia necesaria para el cargo. El Ministerio Público sostiene que se autorizó una "compensación excepcional de requisitos" sin que Ninco Daza demostrara una destacada experiencia en el desempeño de la disciplina requerida para la posición diplomática.
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La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ha concluido que los funcionarios habrían quebrantado los principios de moralidad e igualdad en el proceso de selección, y en consecuencia, ha calificado provisionalmente su conducta como una falta grave cometida a título de dolo. La decisión de la Procuraduría no permite ningún recurso en su contra.
La investigación se inició en febrero de 2023 y, en un principio, también involucraba a la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya. Sin embargo, la Procuraduría ha decidido desvincular a Montoya de la investigación y concentrar sus esfuerzos en el juicio disciplinario contra Luna Tapia y Manrique Soacha.
Dolly Montoya había manifestado que Ninco Daza no cumplía con los requisitos académicos y de experiencia necesarios para asumir el cargo de embajador en México. La rectora consideró que la hoja de vida de Ninco Daza no era adecuada para el papel que desempeñaría en México, dada la importancia de la relación con el país norteamericano en términos comerciales y políticos.
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El exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, argumentó en favor de Ninco Daza, sosteniendo que este tenía las cualidades para ejercer el cargo a pesar de no cumplir con los requisitos de formación académica. Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, recomendó la compensación excepcional de los requisitos después de un exhaustivo estudio.
Estas presuntas irregularidades se habrían producido en el contexto del gobierno de Gustavo Petro, lo que añade un elemento político a la controversia. La situación ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad en los procesos de nombramiento de altos funcionarios del Gobierno.
