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Proponen que la alimentación sea considerada un derecho fundamental

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Resumen

Se discute en la Comisión Séptima de la Cámara de Colombia un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en el país. El proyecto crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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En la Comisión Séptima de la Cámara se discutió una iniciativa que busca mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en Colombia.

Según la más reciente evaluación de seguridad alimentaria, realizada por el Programa Mundial de Alimentos, en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa, esto quiere decir que más de 15 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada “y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición”, señala el documento.

Estas cifras son uno de los argumentos expuestos en la Comisión Séptima por la representante del Partido Verde por el Tolima, Martha Alfonso, en donde avanzó en primer debate el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación.

Con este proyecto se crea una nueva arquitectura institucional y normativa para la gobernanza alimentaria basada en los derechos humanos, en la que participen en la toma de decisiones de manera amplia y verdadera las y los ciudadanos.

Esta nueva arquitectura demanda la reestructuración de la actual Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), para darle el carácter más amplio de Consejo Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas. Así mismo, existirán los consejos territoriales con funciones similares, pero en nivel departamental y municipal.

Esta iniciativa también establece medidas encaminadas a generar avances en la transparencia y rendición de cuentas frente a la situación del derecho a la alimentación, el monitoreo de la política pública y la promoción de una alimentación saludable y sostenible.

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