¿Reintegros judiciales o nombramientos irregulares en Piedecuesta?

La reestructuración administrativa de Piedecuesta en 2017 terminó en tribunales y generó millonarias indemnizaciones. Ahora surge una nueva preocupación: ¿algunas reincorporaciones posteriores fueron ordenadas por los jueces o nacieron de decisiones administrativas irregulares que podrían generar nuevas compensaciones de hasta 9.000 millones para los piedecuestanos?

La reestructuración administrativa adelantada por el Municipio de Piedecuesta en 2017 modificó la planta de personal y produjo la desvinculación de numerosos funcionarios. Cerca de 55 personas habrían acudido posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar sus derechos laborales. Varias de estas controversias llegaron al Tribunal Administrativo de Santander, que durante 2024 y 2025 profirió cinco decisiones sobre reintegros e indemnizaciones que, según la información conocida, representaban obligaciones económicas para el Municipio.

En uno de esos procesos prosperó un recurso judicial extraordinario —una tutela contra una decisión judicial— interpuesto no por el Municipio, sino por un tercero interesado, quien acudió al Consejo de Estado y, mediante providencia del 17 de julio de 2025, logró que se dejara sin efectos un fallo del Tribunal, al considerar que se había desconocido el precedente constitucional sobre el límite indemnizatorio aplicable a servidores provisionales. El Tribunal tuvo que emitir una nueva decisión y ajustarse al límite jurisprudencial correspondiente.

Con ello, una eventual contingencia superior a $15.000 millones se redujo considerablemente. Según la información disponible, los procesos derivados directamente de aquella reestructuración habrían dejado obligaciones cercanas a $1.300 millones, además de otras indemnizaciones de menor cuantía, condicionadas al cumplimiento de las decisiones judiciales.

Pero la historia podría no terminar allí. El Municipio habría reincorporado posteriormente a antiguos demandantes de la reestructuración de 2017 en cargos de planta transitoria, provisionales y bajo otras modalidades, sin que existiera, en algunos casos, un fallo judicial que así lo ordenara. Estas decisiones habrían generado nuevas relaciones laborales que podrían implicar indemnizaciones al momento de terminarlas.

Aquí surge la pregunta que la Administración debería responder con claridad: ¿cuántas de esas reincorporaciones fueron realmente ordenadas por una sentencia ejecutoriada y cuántas correspondieron a decisiones administrativas adoptadas directamente por el Municipio y que, eventualmente, podrían carecer del soporte jurídico necesario?

Según los sistemas de información pública de la Rama Judicial, existirían solo cinco decisiones judiciales que habrían ordenado el pago de millonarias indemnizaciones, así como los reintegros o nombramientos correspondientes, condicionados a que los cargos no hubieran sido provistos mediante concurso de méritos o no hubieran desaparecido jurídicamente. Si existen vinculaciones que no estuvieron respaldadas por una orden judicial expresa, resulta indispensable conocer quién las autorizó, cuál fue su fundamento jurídico, si existía disponibilidad presupuestal y si los cargos hacían parte de la planta legalmente aprobada.

La situación adquiere una dimensión fiscal aún mayor debido a las declaraciones públicas hechas directamente por el alcalde Óscar Javier Santos Galvis en reuniones comunitarias, según las cuales la terminación de algunas de estas vinculaciones podría representar una contingencia cercana a los $9.000 millones. Esa cifra debe ser comprobada documentalmente y no puede asumirse como un hecho cierto mientras no exista soporte oficial.

Si se demuestra que hubo nombramientos o vinculaciones por fuera de la planta legalmente aprobada, sin una orden judicial que los sustentara, y que esas decisiones generaron nuevas obligaciones económicas para el Municipio, la situación ameritaría un examen jurídico, administrativo y fiscal y, si existieran elementos suficientes, las investigaciones correspondientes por posibles actuaciones irregulares.

No se trata de desconocer los derechos laborales de quienes ganaron procesos judiciales. Las sentencias deben cumplirse y los derechos reconocidos deben respetarse. El problema es determinar si, antes o después de los fallos definitivos, la Administración adoptó decisiones adicionales sin sustento judicial que pudieron crear una nueva obligación para los piedecuestanos.

Piedecuesta tiene derecho a conocer la relación de los demandantes, las sentencias, las órdenes de reintegro, los actos administrativos de vinculación, los cargos ocupados, los pagos efectuados y las contingencias existentes. Si hubo decisiones administrativas sin soporte jurídico suficiente, debe establecerse quién las tomó y quién responderá por sus consecuencias.

Porque el verdadero riesgo no es solamente cuánto le puede costar esta historia al municipio garrotero, sino que los ciudadanos terminen pagando dos veces: primero por las consecuencias de la reestructuración y después por decisiones posteriores que, de comprobarse su falta de fundamento jurídico y sus efectos económicos, podrían incluso ameritar investigaciones por posibles hechos de corrupción.