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Se caldearon los ánimos en la última reunión entre el gobierno y mineros de California

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó hace pocos días a última mesa de concertación del municipio de California en el marco de la delimitación participativa del páramo de Santurbán ordenada por la Sentencia T-361 de 2017, una reunión que estuvo mediada por la agresividad y los enfrentamientos entre las comunidades mineras del municipio de California (Santander), quienes alegaron que además de insultos no hubo garantías de participación. El gobierno nacional negó los señalamientos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

En la versión del Ministerio del Medio Ambiente, “todas las mesas de concertación fueron realizadas siguiendo las reglas fijadas por la Corte Constitucional y brindando las garantías de participación a toda la comunidad, lo cual fue observado y acompañado permanentemente por el Ministerio Público: Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería municipal de California, quienes suscribieron las actas dando fe del proceso desarrollado en el municipio”, indicó la jefa de cartera de medio ambiente, quien explicó parte de la metodología aplicada.

“Con el fin de avanzar en la solución de la problemática socioambiental de la minería en el municipio de California, que genera grandes tensiones territoriales entre los mineros tradicionales y los colectivos sociales que reclaman la protección del agua, en abril de 2023 se instalaron tres mesas permanentes cuyo propósito central es construir alternativas entre la comunidad y el Gobierno Nacional, desarrollando para ello las hojas de ruta construidas colectivamente”, indicó la ministra quien insistió en que todas las mesas de trabajo contaron con funcionarios del gobierno nacional y regional, para garantizar la transparencia y la credibilidad en el trabajo realizado.

“ La reunión del martes 5 de diciembre de 2023, realizada en el municipio de California con representantes de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Alcaldía del municipio de California y representantes de la Defensoría del Pueblo  y la Personería municipal de California y cerca de 220 personas de la comunidad, tuvo por objeto: “avanzar en la construcción de acuerdos para la alternativa minera en el municipio de California a partir de los avances de todas las entidades y el diálogo con las comunidades”, agregó la jefa de la cartera medio ambiental para luego insistir en que sí se garantizó la participación de las comunidades.

“En esta reunión, la cartera ambiental y las diferentes entidades brindaron todas las garantías para una efectiva participación de la comunidad, que evidenció la amplia convocatoria. Asimismo, para garantizar la transparencia del espacio, el acta de la reunión fue redactada durante su desarrollo y antes del cierre de esta fue leída y ajustada en presencia de toda la comunidad y una vez aceptado su contenido, fue suscrita por las entidades y las personas de la comunidad que voluntariamente quisieron realizarlo”.

Sí hubo discrepancias agresivas

La aclaración la efectuó el ministerio de medio ambiente en el marco de una serie de señalamientos por parte de la comunidad californiana en los que se da cuenta de no hubo garantías de participación a las comunidades.

“El Ministerio de Medio Ambiente lamenta la información errada que ha sido difundida por un sector de mineros del municipio, que ha participado permanentemente de todos los espacios sin que se haya vulnerado, de ninguna manera, el derecho a expresar sus ideas, propuestas o visiones.  Si bien se presentó en la reunión un desafortunado choque de palabras entre personas de la comunidad, con la efectiva intervención del Ministerio Público y las entidades de orden nacional presentes, esta situación se controló con oportunidad, evitando cualquier tipo de afectación a la integridad de los participantes. Además, por voluntad de todos los presentes, se decidió continuar con la sesión en total calma.

Señalamientos de los californianos

Sin embargo, los mineros artesanales de la localidad de Soto Norte tienen otra versión e incluso, además de señalar al Ministerio de Medio Ambiente, pidieron la intervención de los organismos de control donde esta semana radicaron una queja disciplinaria contra funcionarios del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de California (Santander) por, presuntamente, excluirlos del proceso de delimitación participativa del páramo de Santurbán, durante la última reunión.

De acuerdo con las manifestaciones que realizaron a EL FRENTE, aseguraron que durante una parte significativa del proceso no fueron citados a algunas de las reuniones y que a otras se les imposibilitó el acceso a los recintos debido y además de que muchos de los presentes no pudieron ingresar aseguraron a esta casa editorial que fueron agredidos física y verbalmente por parte de personas que formaban parte del comité organizador, precisamente por manifestar sus diferencias sobre el proceso.

Uno de los denunciantes fue Fabio Maldonado, representante del Gran Pacto Social (GPS) y de Calimineros, una mayor agremiación de mineros artesanales formalizados en Santander, quien agregó que tampoco hubo coherencia sobre las actas finales dilas reuniones más recientes, por lo que temen que hayan sido modificadas deliberadamente hasta el momento con motivos inciertos.

Entre los funcionarios relacionados en la denuncia, la cual fue radicada en la Procuraduría General de la Nación, se encuentran Sandra Yolima Esguerra, Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental (E) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Jennifer Insuasty, funcionaria o contratista de ese ministerio; Geny Gamboa, saliente alcaldesa de California, y quien valga recordarlo tiene un proceso vigente en el ente disciplinario por no acatar las directrices de las autoridades ambientales regionales para que se frenara la contaminación con Mercurio que por varios meses de su gobierno perjudicó el Río Suratá, principal afluente que alimenta las bocatomas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb).

Su esposo, Víctor Arias, y quien se desempeña como gestor social del municipio, también fue incluido en la lista, en la que también fueron mencionados Steven Gómez Giraldo, funcionario o contratista del Ministerio de Minas y Energía; Ana Alicia Zapata, funcionaria o contratista de la Agencia Nacional de Minería; Gloria Angulo, funcionaria o contratista de la Defensoría del Pueblo; Henry Delgado, Personero Municipal de California; y Ricardo Villalba, funcionario de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

“Varias personas dentro de la reunión que actuaban bajo las indicaciones del señor Víctor Arias, esposo de la Alcaldesa y Gestor Social del municipio, agredieron verbal y físicamente a quienes se manifestaron en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en la reunión y los intimidaron para que se retiraran del recinto y direccionaron los temas única y exclusivamente a los asuntos que eran de su interés y en franco el abuso de poder, además elaboraron y firmaron un acta en la que consignaron falsedades pues incluyeron en ella asuntos que no se discutieron en la reunión y quieren dejar por sentado que hubo un consenso con la comunidad respecto a lo que en ella se consigna, a pesar de que impidieron la libertad de expresión y a que nunca dieron lectura al acta ni la sometieron a aprobación de los asistentes, anexando como sustento solamente la hoja de registro de asistencia a la reunión, para inducir a error y hacer creer que los asistentes estuvieron de acuerdo con su contenido y que hubo un consenso con la comunidad, lo cual no es cierto.

Mas irregularidades

Otra de las presuntas irregularidades que hubo en la reunión fue que desde que se inició la etapa de concertación que ordena la Corte Constitucional se llegó al acuerdo de que las reuniones deberían ser presididas por un mediador externo.

En este caso, fue designado por la Cámara de Comercio de Bogotá el señor Octavio Guerra cuyo papel debe desempeñarse en aras en la objetividad, como garante de tr4asnparencia. Sin embargo, el mediador no fue convocado.

Por estas razones, los habitantes mineros del municipio de California  pidieron a la Procuraduría General de la Nación intervenir y que se investiguen las denuncias: “Consideramos que es un engaño de las instituciones públicas que le hagan firmar a los que se hicieron presentes una hoja de registro de asistencia, para luego decir que el acta fue avalada por tales personas, debido a que una cosa es acudir a una reunión y otra muy distinta es aprobar lo que en ella se haya discutido”, expresaron.

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