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Se cumplen 20 años de la sentencia que busca proteger a las personas desplazadas internamente en Colombia

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Resumen

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La Universidad de Los Andes realiza por estos días la rememoración del vigésimo aniversario de la Sentencia T-025 de 2004. Será un motivo para escuchar a las víctimas de desplazamiento forzado, así como a expertos nacionales e internacionales que analizarán los avances y desafíos en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas que se han visto forzadas a huir.

El evento Justicia Constitucional en Contextos de Conflicto: aprendizajes de la Sentencia T-025 de 2004 y reflexiones hacia futuro sobre el desplazamiento forzado interno es convocado conjuntamente por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID, Acdi/Voca y la Universidad de Los Andes.

Este encuentro rememora los veinte años de la Sentencia T-025, que fue proferida por la Corte Constitucional en 2004 después de analizar más de un centenar de expedientes de tutela que reunía las peticiones de más de mil familias desplazadas por el conflicto armado. Al estudiar cada expediente, la Corte evidenció que existía una violación grave, masiva y sistemática a los derechos de las personas desplazadas internamente por el conflicto armado y la violencia, debido a falencias estructurales en la respuesta institucional y presupuestal del Estado. Esto llevó a la Corte a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y a impartir una serie de órdenes para superar esa vulneración estructural de derechos.

A partir de esta decisión, la Corte a través de una Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025, resolvió mantener la competencia para verificar el cumplimiento de sus órdenes y asegurar que las autoridades garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población desplazada. Para tal fin, en el año 2010 instaló una Sala Especial de Seguimiento a la sentencia.

La magistrada Natalia Ángel Cabo, actual presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025, señaló que “esta Sentencia es reconocida como un hito de la Corte Constitucional. Fue una decisión que ayudó a visibilizar los desafíos que enfrentan los casi 8.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado, y a transformar la respuesta del Estado sobre la materia. Esta decisión en su momento fue pionera en la aproximación judicial sobre problemáticas estructurales”.

Veinte años después de la Sentencia T-025, se ha declarado la superación parcial del Estado de Cosas Inconstitucional en registro y participación; y se han verificado avances en salud y otros componentes. Sin embargo, a pesar del trabajo de seguimiento que se ha adelantado, son muchos los desafíos institucionales y sociales que aún persisten.

La representante del ACNUR en Colombia, Mireille Girard, señaló que “aunque persisten retos para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, ACNUR reconoce los esfuerzos y avances logrados en esta materia y seguirá apoyando a las instituciones del Estado y a la Corte Constitucional, para garantizar la protección y la reparación de los derechos de las víctimas de desplazamiento y, sobre todo, la búsqueda de soluciones duraderas que les permitan vivir con dignidad y en paz”.

Durante los dos días del evento se desarrollará una amplia discusión alrededor del impacto y significado de esta sentencia para las personas desplazadas, la situación actual de sus derechos, los principales aprendizajes en la implementación de las órdenes de la sentencia, los avances y buenas prácticas en la protección de las víctimas de desplazamiento, los retos a futuro para la superación del ECI, así como los nuevos desafíos relacionados con el desplazamiento, en los que se incluye el desplazamiento generado por factores ambientales. Se espera tener una conversación significativa sobre los desarrollos jurídicos y la política pública de desplazamiento forzado de cara al futuro, teniendo como norte la superación del ECI, así como la necesidad de reconocer que el desplazamiento persiste en Colombia y no es un asunto del pasado.

El encuentro contará con múltiples voces que representan a las comunidades víctimas de Colombia, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado, las agencias de Naciones Unidas, expertos y académicos que enriquecerán la discusión desde diferentes perspectivas. Entre los participantes, estará la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas, Paula Gaviria; el antiguo Representante del Secretario General para los derechos humanos de las personas desplazadas, Walter Kälin; el Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre soluciones a los desplazamientos internos, Robert Piper, entre otros.

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