Wadith Manzur no solo lo acecha la prisión, también la muerte política

El senador electo por el Partido Conservador, Wadith Alberto Manzur Imbett, recibió un nuevo revés jurídico y político. La Secretaría General del Senado negó su solicitud para posesionarse de manera virtual o desde el centro de reclusión donde permanece privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una decisión que acerca aún más el riesgo de perder definitivamente su investidura y quedar por fuera del Congreso.

La decisión fue comunicada por el secretario general del Senado, Diego González, quien concluyó que el ordenamiento jurídico colombiano no contempla la posibilidad de que un congresista preste juramento fuera de la sede del Congreso ni mediante mecanismos virtuales para el acto de posesión.

Manzur había solicitado que la ceremonia pudiera realizarse desde la Escuela de Carabineros de la Policía, donde permanece recluido, o mediante videoconferencia, argumentando que la medida de aseguramiento no podía impedir el ejercicio de los derechos políticos derivados de los más de 135.000 votos obtenidos en las elecciones legislativas.

Sin embargo, el Senado sostuvo que la Ley 5 de 1992 y la Constitución son claras al establecer que la posesión constituye un acto solemne que debe realizarse ante la autoridad legislativa competente y dentro de la sede institucional del Congreso, ubicada en Bogotá. Además, recordó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha reiterado que esa formalidad no puede modificarse por interpretación administrativa.

La situación judicial de Manzur se remonta al gran escándalo de corrupción de la UNGRD, considerado uno de los mayores casos de presunta desviación de recursos públicos en los últimos años.

En marzo de 2026, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formuló acusación contra cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio. Según la investigación, varios integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado beneficios a cambio de facilitar la aprobación de operaciones de crédito del Gobierno Nacional.

Dentro del expediente aparecen los nombres de Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz.

La Corte consideró que únicamente existían los presupuestos para imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Manzur y Karen Manrique, quienes fueron enviados a centro de reclusión mientras avanza el proceso penal.

Las investigaciones sostienen que el presunto esquema de corrupción habría utilizado recursos públicos destinados a la atención de emergencias para favorecer intereses políticos y legislativos mediante contratos direccionados y presuntos sobornos.

La Corte dejó la decisión en manos del Senado

Antes de esta negativa, la defensa de Manzur había acudido a la Corte Suprema buscando autorización para que pudiera salir temporalmente o, en su defecto, posesionarse mientras permanecía detenido.

La Corte respondió que no tenía competencia para emitir conceptos sobre la forma en que debía realizarse la posesión y trasladó la consulta al Senado para que definiera el procedimiento.

Con la respuesta negativa del Congreso, prácticamente quedó agotada la vía administrativa para intentar asumir la curul durante el plazo legal establecido.

Se acerca el plazo definitivo

La legislación colombiana establece que los congresistas deben posesionarse dentro de los ocho días siguientes a la instalación del Congreso, salvo que exista una causa de fuerza mayor legalmente aceptada. Al negar el Senado cualquier modalidad excepcional de posesión, Manzur enfrenta ahora un escenario jurídico especialmente complejo.

Su defensa aún podría intentar acciones judiciales extraordinarias o acudir a instancias internacionales alegando afectación de derechos políticos, estrategia que ya fue anunciada por sus abogados. Sin embargo, esos recursos difícilmente producirían una decisión antes del vencimiento del término legal para asumir la curul.

Paralelamente al proceso penal, el Consejo de Estado mantiene en trámite una demanda de pérdida de investidura contra varios congresistas vinculados al escándalo de la UNGRD, entre ellos Wadith Manzur. Incluso, esa corporación ya ha venido adoptando decisiones dentro del expediente, como negar una medida cautelar que buscaba suspender el pago de su salario al considerar que la suspensión ordenada por la Corte Suprema ya producía efectos jurídicos.

Es importante precisar que la pérdida de investidura no es automática. Solo puede producirse mediante una sentencia del Consejo de Estado, luego del trámite correspondiente y del análisis de las causales previstas en la Constitución y la ley. No obstante, la imposibilidad de posesionarse dentro del plazo legal podría convertirse en uno de los elementos relevantes dentro de ese proceso, dependiendo de la valoración que haga el alto tribunal.

Más allá del proceso penal, la situación política del dirigente conservador atraviesa su momento más crítico. Con la negativa del Senado, la imposibilidad material de asumir su curul y el avance simultáneo de los procesos ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado, el panorama inmediato apunta a que en los próximos días se definirá si conserva o pierde definitivamente el escaño obtenido en las urnas.

Si el Consejo de Estado llegara a decretar la pérdida de investidura, esa decisión implicaría la denominada "muerte política", es decir, la pérdida de la investidura como congresista con las consecuencias jurídicas previstas por la Constitución para esa sanción. Esa determinación, sin embargo, aún no ha sido adoptada y dependerá exclusivamente del fallo que emita el alto tribunal dentro del proceso en curso.