Director del DPS reconoce deuda del Estado con las víctimas de Santander

Más de 79.000 víctimas de desplazamiento forzado participan en los programas para construcción de la justicia social que implementa la entidad en Santander.

El director Gustavo Bolívar recordó que Prosperidad Social participa en la construcción de la Política pública de soluciones duraderas para la población desplazada internamente en el país.

“El rediseño de las políticas y los programas de Prosperidad Social responde al compromiso del Gobierno en ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”, dijo este martes, en la previa del Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, el director de la entidad, Gustavo Bolívar Moreno, quien recordó así la deuda que el Estado tiene con esta población y ratificó el compromiso del gobierno con su reparación y con la construcción de la paz total.

En Santander, la atención vigente cubre a 79.229 víctimas de desplazamiento forzado, con programas de transferencias monetarias. Por medio de estos programas que administra y distribuye Prosperidad Social, se ha logrado la entrega de recursos económicos a la población víctima de la siguiente manera: 9.408 adultos mayores a través de Colombia Mayor; 18.985 personas con Devolución del IVA; 46.579 por medio de Renta Ciudadana y 4.257 jóvenes desde Renta Joven.

A nivel nacional mayor número de población víctima atendida por la entidad está vinculada a Renta Ciudadana: 1,8 millones de víctimas recibieron el año pasado acompañamiento de este programa, que está en el centro del sistema de transferencias creado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Los otros programas de transferencias también tuvieron población víctima priorizada: Colombia Mayor, 382.356 personas; Devolución del IVA, 786.782; y Renta Joven, 83.434. Para garantizar estas transferencias, Prosperidad Social invirtió buena parte de los 1,4 billones de pesos.

El presidente Gustavo Petro y el director de la entidad han insistido en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas al Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.

“Desde el año pasado, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este CONPES, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad para la articulación entre la nación y los territorios; y adecuación institucional y de oferta programática para prestar servicios sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población y contribuyan a la cohesión social”, informó Bolívar.

El objetivo del CONPES es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.

En 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %, informó el DANE en la más reciente medición. Son 4 puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023). Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).