Resumen
El presidente Gustavo Petro desafía la suspensión del canciller Álvaro Leyva ordenada por la Procuraduría General, argumentando persecución judicial. Este desacato provoca tensión institucional y escrutinios adicionales hacia la financiación de la campaña de Petro.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Gustavo Petro intensifica su discurso contra los procesos de la Fiscalía y la Procuraduría. La controversia surge luego de que el canciller Álvaro Leyva Durán fuera suspendido por la Procuraduría General, medida que no ha sido ejecutada por el mandatario.
Petro y Leyva se resisten a acatar la suspensión, lo que desafía las normas vigentes que indican que dicha medida disciplinaria debe cumplirse de inmediato. La situación genera tensión institucional y plantea incertidumbre jurídica sobre los actos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Petro, al justificar la no ejecución de la suspensión, ha hablado de persecución judicial, argumenta que espera la visita del Consejo de Seguridad de la ONU para cumplir con la medida disciplinaria. Su mensaje, que cuestiona las investigaciones en su entorno, ha llamado la atención al señalar un supuesto complot para sacarlo de la presidencia.
En medio de una semana marcada por la salida del jefe del Departamento Nacional de Planeación y la pérdida de la sede de los Panamericanos para Barranquilla, Petro vincula la suspensión de Leyva con conspiraciones en su contra.
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La situación se agrava con las investigaciones en curso sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro, siendo objeto de escrutinio tanto por la Fiscalía como por el Consejo Nacional Electoral. Petro acusa a sectores del narcotráfico y a la Fiscalía de buscar su destitución mediante una investigación inconstitucional.
La decisión de Petro de no acatar la suspensión de Leyva, quien continúa desempeñando sus funciones, despierta críticas y preocupaciones sobre la estabilidad institucional. Expertos advierten sobre las consecuencias legales y la posible acción de cumplimiento para retirar al canciller del cargo.
A medida que el lenguaje político se intensifica, desde diferentes sectores se hace un llamado a bajar el tono del debate y permitir que las instituciones actúen. La Procuraduría insiste en que la suspensión de Leyva debe aplicarse de inmediato, y la incertidumbre persiste en torno a los actos administrativos firmados por él durante su suspensión.
